A este pozo filtrante vienen a parar las aguas fecales de las urbanizaciones Miramar, Lusitania y todas las nuevas urbanizaciones de El Vigía, infringiendo la normativa de la Unión Europea en materia de depuración, la cual obliga a todos los municipios de más de 2000 habitantes a canalizar las aguas hacia una depuradora para su posterior tratamiento. Pese a ello, se siguen dando licencias de obras y las urbanizaciones crecen a un ritmo imparable.
¿Por qué se incumple la normativa de la UE? La construcción de una pequeña instalación depuradora, que sería insuficiente para tratar estas aguas, oscila entre 180.000 y 200.000 euros. Es obvio que el asunto no es un problema de desidia por parte de los ayuntamientos, si no un problema meramente económico.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, impone sanciones administrativas ridículas a los municipios que no cumplen las exigencias de la UE. Las multas tienen un tope máximo de 12.000 euros anuales. Así pues, los ayuntamientos prefieren pagar las multas antes que hacer un desembolso de esta envergadura en la construcción de una depuradora.
En la siguiente foto, una arqueta de la calle Mar Blanco, drena aguas fecales hacia la playa. ¿Estará saturado el pozo?
¿Por qué se incumple la normativa de la UE? La construcción de una pequeña instalación depuradora, que sería insuficiente para tratar estas aguas, oscila entre 180.000 y 200.000 euros. Es obvio que el asunto no es un problema de desidia por parte de los ayuntamientos, si no un problema meramente económico.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, impone sanciones administrativas ridículas a los municipios que no cumplen las exigencias de la UE. Las multas tienen un tope máximo de 12.000 euros anuales. Así pues, los ayuntamientos prefieren pagar las multas antes que hacer un desembolso de esta envergadura en la construcción de una depuradora.
En la siguiente foto, una arqueta de la calle Mar Blanco, drena aguas fecales hacia la playa. ¿Estará saturado el pozo?