LOS VECINOS ALERTAN DE UN POSIBLE CASO DE CORRUPCIÓN EN MAZAGÓN
Fuente: Odiel Información
Un grupo de vecinos de la urbanización Ciparsa de Mazagón se encuentran en pie de guerra debido a la construcción irregular de una nueva vivienda en sus terrenos, sobre la que sospechan que se podría esconder un nuevo caso de corrupción urbanística.
Se trata de un conflicto en el que se hallan inmersos desde hace ya varios años, pero en el que no consiguen avanzar debido, principalmente, a las trabas que les ponen desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, municipio al que pertenece la parte afectada de la urbanización.
El problema comenzó cuando se iniciaron las obras de una nueva vivienda en una de las parcelas de la urbanización, una construcción que al poco tiempo ya sobrepasaba los límites de altura establecidos, por lo que un grupo de vecinos acudieron al Consistorio para reclamar una investigación y personarse en el expediente de construcción.
Tras comprobar las irregularidades que había en las obras, éstas se paralizaron, dando un plazo para modificar el proyecto. Una vez renovado, el técnico municipal decretó que aún no cumplía las normas establecidas, por lo que se otorgó un nuevo plazo de reformado, algo que los vecinos califican de "sorprendente y sospechoso, ya que no se suelen dar dos plazos para reformar un proyecto".
Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento y las obras continuaron, manteniendo la estructura inicial y pagando una multa por el incumplimiento legal, dando de lado a los vecinos y "dejando seguir una construcción que a todas luces es ilegal".
Fuente: Odiel Información
Un grupo de vecinos de la urbanización Ciparsa de Mazagón se encuentran en pie de guerra debido a la construcción irregular de una nueva vivienda en sus terrenos, sobre la que sospechan que se podría esconder un nuevo caso de corrupción urbanística.
Se trata de un conflicto en el que se hallan inmersos desde hace ya varios años, pero en el que no consiguen avanzar debido, principalmente, a las trabas que les ponen desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, municipio al que pertenece la parte afectada de la urbanización.
El problema comenzó cuando se iniciaron las obras de una nueva vivienda en una de las parcelas de la urbanización, una construcción que al poco tiempo ya sobrepasaba los límites de altura establecidos, por lo que un grupo de vecinos acudieron al Consistorio para reclamar una investigación y personarse en el expediente de construcción.
Tras comprobar las irregularidades que había en las obras, éstas se paralizaron, dando un plazo para modificar el proyecto. Una vez renovado, el técnico municipal decretó que aún no cumplía las normas establecidas, por lo que se otorgó un nuevo plazo de reformado, algo que los vecinos califican de "sorprendente y sospechoso, ya que no se suelen dar dos plazos para reformar un proyecto".
Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento y las obras continuaron, manteniendo la estructura inicial y pagando una multa por el incumplimiento legal, dando de lado a los vecinos y "dejando seguir una construcción que a todas luces es ilegal".