FOTO: MAZAGÓN BEACH
FUENTE: ODIEL INFORMACIÓN
El Ayuntamiento de Moguer (PP) se ha dado de bruces con los tribunales en uno de los escándalos urbanísticos más graves que han recorrido la provincia durante los últimos años, el plan Cuesta de la Barca, en Mazagón. En esta ocasión ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva el que ha dictado sentencia contra este acuerdo municipal que aprobaba el plan urbanístico "anulándolo por su no conformidad con el ordenamiento jurídico y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales".
El consistorio moguereño, por aquel momento en coalición (PP-PA) aprobó en el pleno municipal la enajenación de unos terrenos el 16 de mayo de 2005 con una superficie de 61 hectáreas, para uso principalmente hotelero y turístico (con dos hoteles de cinco estrellas) y la construcción de 300 viviendas.
Sin embargo, el Ayuntamiento desoyó los informes municipales en los cuales se exigía que fueran los propios técnicos del Ayuntamiento los que realizasen la tasación de los terrenos, y en lugar de ello, decidió encargar esta tarea a una empresa privada, Cohispania.
La sorpresa llegó cuando, la tasación que realizó la empresa fue en primera instancia de 338.000 euros y de 2,3 millones en una segunda revisión tras las críticas recibidas. Sin embargo, la tasación oficial que realizó la Junta de Andalucía, y la que finalmente ha aceptado el juez es de 27,5 millones de euros, lo que significa que el equipo de gobierno popular aceptó e impulsó una tasación que se corresponde con un valor un 92% inferior al valor real de la parcela a enajenar.
Según el fallo judicial, "resulta evidente no sólo la escasa exhaustividad y precisión, en su contenido de la entidad tasadora Cohispania, sino la discrepancia existente entre la dos valoraciones emitidas".
El objetivo real de esta tasación alarmantemente a la baja, podría esconderse, según denunciares PSOEy la Asociación de Vecinos de Mazagón a la hora de interponer la denuncia, en no querer alcanzar la cifra del 25% de los recursos municipales, ya que según la legislación vigente, esto obligaría a que fuera la Junta de Andalucía la encargada de autorizar la enajenación y con una tasación a la baja no sería necesario la autorización de las administración autonómica.
Las causas por las que el Ayuntamiento querría tener el control absoluto de la venta de estos terrenos se antojan todavía más oscuras, aunque ya con la publicación de las condiciones para optar a la compra de los terrenos la oposición denunció unas condiciones de las plicas muy sesgadas, en la que se daban muy poca prioridad al dinero a pagar, algo que normalmente es prioritario en cualquier plan urbanístico, y se le daba más importancia a detalles más arbitrarios como la iluminación o la pavimentación.
Este nuevo varapalo se suma a los varios reveses judiciales que ya ha sumado el PP de Moguer con respecto a este caso, que en un primer lugar trató de paralizar la enajenación cautelar que dictó el juzgado, y que en un segundo lugar recibió una seria reprimenda por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)por haber sacado a concurso el proyecto desentendiéndose de la decisión judicial que paralizaba todo el proceso.
El proyecto ‘Cuesta de la Barca’ se contempla dentro del Plan de Ordenación de Mazagón (POM) en el que se dejaba claro la preponderancia de los usos residenciales por encima de los hoteleros, algo que no ocurrió con este proyecto que a juicio de los vecinos daba más pábulo a las infraestructuras turísticas.
El Ayuntamiento de Moguer (PP) se ha dado de bruces con los tribunales en uno de los escándalos urbanísticos más graves que han recorrido la provincia durante los últimos años, el plan Cuesta de la Barca, en Mazagón. En esta ocasión ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva el que ha dictado sentencia contra este acuerdo municipal que aprobaba el plan urbanístico "anulándolo por su no conformidad con el ordenamiento jurídico y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales".
El consistorio moguereño, por aquel momento en coalición (PP-PA) aprobó en el pleno municipal la enajenación de unos terrenos el 16 de mayo de 2005 con una superficie de 61 hectáreas, para uso principalmente hotelero y turístico (con dos hoteles de cinco estrellas) y la construcción de 300 viviendas.
Sin embargo, el Ayuntamiento desoyó los informes municipales en los cuales se exigía que fueran los propios técnicos del Ayuntamiento los que realizasen la tasación de los terrenos, y en lugar de ello, decidió encargar esta tarea a una empresa privada, Cohispania.
La sorpresa llegó cuando, la tasación que realizó la empresa fue en primera instancia de 338.000 euros y de 2,3 millones en una segunda revisión tras las críticas recibidas. Sin embargo, la tasación oficial que realizó la Junta de Andalucía, y la que finalmente ha aceptado el juez es de 27,5 millones de euros, lo que significa que el equipo de gobierno popular aceptó e impulsó una tasación que se corresponde con un valor un 92% inferior al valor real de la parcela a enajenar.
Según el fallo judicial, "resulta evidente no sólo la escasa exhaustividad y precisión, en su contenido de la entidad tasadora Cohispania, sino la discrepancia existente entre la dos valoraciones emitidas".
El objetivo real de esta tasación alarmantemente a la baja, podría esconderse, según denunciares PSOEy la Asociación de Vecinos de Mazagón a la hora de interponer la denuncia, en no querer alcanzar la cifra del 25% de los recursos municipales, ya que según la legislación vigente, esto obligaría a que fuera la Junta de Andalucía la encargada de autorizar la enajenación y con una tasación a la baja no sería necesario la autorización de las administración autonómica.
Las causas por las que el Ayuntamiento querría tener el control absoluto de la venta de estos terrenos se antojan todavía más oscuras, aunque ya con la publicación de las condiciones para optar a la compra de los terrenos la oposición denunció unas condiciones de las plicas muy sesgadas, en la que se daban muy poca prioridad al dinero a pagar, algo que normalmente es prioritario en cualquier plan urbanístico, y se le daba más importancia a detalles más arbitrarios como la iluminación o la pavimentación.
Este nuevo varapalo se suma a los varios reveses judiciales que ya ha sumado el PP de Moguer con respecto a este caso, que en un primer lugar trató de paralizar la enajenación cautelar que dictó el juzgado, y que en un segundo lugar recibió una seria reprimenda por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)por haber sacado a concurso el proyecto desentendiéndose de la decisión judicial que paralizaba todo el proceso.
El proyecto ‘Cuesta de la Barca’ se contempla dentro del Plan de Ordenación de Mazagón (POM) en el que se dejaba claro la preponderancia de los usos residenciales por encima de los hoteleros, algo que no ocurrió con este proyecto que a juicio de los vecinos daba más pábulo a las infraestructuras turísticas.
