El Gobierno está tramitando una modificación de la Ley de Costas que permite la venta de los edificios en dominio público · El departamento prosigue mientras tanto los primeros expedientes expropiatoriosFUENTE: HUELVA INFORMACIÓN
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa (la antigua Dirección General de Costas) ha decidido relajar un poco la estricta normativa que pesa sobre las construcciones en el dominio público marítimo-terrestre y permitirá que las concesiones otorgadas a los propietarios de las edificaciones construidas en esta zona sean transmitidas inter vivos, es decir, que da vía libre para la venta de las viviendas situadas en primera línea de playa. En el caso de Huelva, hay alrededor de 800 edificaciones construidas en dominio público, la mayor parte de ellas viviendas y con concesión (también hay locales comerciales y de restauración), que podrían verse beneficiadas del cambio legislativo que promueve el Ministerio de Medio Ambiente.
Se trata de propiedades que quedaron en un limbo administrativo cuando fue aprobada la Ley de Costas, en 1988. Esta ley establecía la imposibilidad de ostentar una propiedad privada en los terrenos de dominio público, aun cuando estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad. Para las numerosas edificaciones (la mayoría viviendas) que habían sido construidas legalmente y quedaban incluidas en esta restricción se establecía la posibilidad de acceder a una concesión. Es decir, que los propietarios de las viviendas podrían cambiar la propiedad por una concesión que le otorgaba el Ministerio en principio por 30 años y ampliable a 60, concesión que no podía enajenarse y sólo era transmisible por herencia.
Esta situación podría cambiar de aprobarse el proyecto de Ley General de Navegación Marítima. En esta norma, de otro Ministerio y sin relación alguna con la costa, se modifica la Ley de Costas introduciendo la posibilidad de vender estas concesiones, con la obligación por parte del comprador de subrogarse en los derechos y obligaciones de dicha concesión y la posibilidad de ejercer los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Esta modificación, realizada por sorpresa y que se daba a conocer el pasado mes de febrero, supone un cambio radical en la situación de las alrededor de 800 edificaciones incluidas en dominio público en la provincia. La mayoría de estas edificaciones cuentan con una concesión por 60 años, con un objetivo último de ir rescatando las concesiones para liberar el espacio público. De hecho, ese proceso se inició hace unos años generando no pocos conflictos que llegaron hasta los tribunales y sigue abierto; según explica el jefe provincial del departamento costero, Gabriel Cuena, "tenemos abierto un expediente de expropiación de 13 viviendas en La Antilla, actuaciones preparatorias para un primer tramo en MAZAGÓN y se seguirá con otro tramo de Punta Umbría". Las viviendas en dominio público se extienden por prácticamente todas las playas de la provincia, cuyo proceso de deslinde, por el que se determina cuál es el dominio público marítimo-terrestre, ha culminado ya (faltarían las zonas de marisma).
A pesar de que la Ley de Costas se aprobó hace 21 años, el primer proceso de rescate se inició hace cuatro en La Antilla cuando se planteó la continuación del paseo marítimo. El entonces director general de Costas, José Fernández, llegó a asegurar que en cinco años (que culminarían en 2010) el proceso estaría finalizado, con la recuperación de cientos de propiedades construidas en dominio público. Lo cierto es que no se ha llegado a rescatar ninguna de los inmuebles y sí se ha generado un fuerte conflicto en el que han participado propietarios, ayuntamientos y la Dirección General y que ha derivado en numerosos recursos a los tribunales.Huelva es una de las provincias con un mayor número de litigios abiertos en virtud de la aplicación de la Ley de Costas. Según explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, esta conflictividad viene por dos motivos: la fecha de inicio del cómputo de la concesión y la reivindicación por parte de los propietarios de poder transmitir la concesión.
Precisamente, el Ministerio justifica el cambio legislativo en diversas sentencias de la Audiencia Nacional, que ha dado la razón a los concesionarios. Sin embargo, las reivindicaciones de estos van más lejos y han llegado incluso al Parlamento Europeo, hecho éste que ha motivado a juicio de Ortega la modificación que se pretende introducir, que califica de "teatro" puesto que se condena el cambio de la Ley a "una tramitación farragosa y larguísima, cuando hubiese sido suficiente una reforma del reglamento". Además, a juicio de los afectados el cambio no es suficiente, puesto que afecta únicamente a aquellos propietarios que han podido acceder a una concesión, un 1% del total de inmuebles que se encuentran en dominio público en aplicación de la Ley de Costas a nivel nacional.
Pero además, la permisión de la compraventa de inmuebles en dominio público no parece haber sentado muy bien en el cuerpo técnico de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa. Hasta el momento, el rescate de las concesiones se hacía sobre un bien, normalmente una vivienda, que carecía de valor en el mercado, ya que no se podía vender. Sin embargo, al autorizar la transmisión de la concesión los inmuebles tendrán el precio que les marque el mercado y el Ministerio tendrá que pagarlo para hacerse con ellos. El precio de liberar el dominio público se encarece así notablemente, al menos en la teoría; habrá que esperar unos años para comprobar la efectividad de esta modificación de una de las leyes más polémicas.
