Inmigrantes esperan en la puerta de la parroquia de Mazagón para recoger bolsas de alimentos.Fresas, moros y polacas, artículo publicado en Tribuna de Salamanca en diciembre de 2005, relata las calamidades que viven los inmigrantes que vienen a trabajar a la campaña de la fresa. Poco o nada se ha hecho desde entonces para remediar esta penosa situación. La demanda de empleo de este sector es muy grande y al mismo tiempo muy irregular, y no todos son contratados en origen: Los “simpapeles” se siguen hacinando en campamentos improvisados al pie de las plantaciones en condiciones infrahumanas.
Hace tan sólo unos días pude observar en las proximidades de una plantación de fresas cercana a Mazagón, a un grupo de africanos salir huyendo y perderse entre los pinos al detectar la presencia de un vehículo de la Guardia Civil que hacía ronda por la zona.
José Antonio Mayo Abargues
Fresas, moros y polacas
Publicado en Tribuna de Salamanca el 1 de diciembre de 2005.
Las carreteras que llevan de Palos de la Frontera a Mazagón o de Huelva a Lepe han cambiado. Hasta el 2002 era común ver a trabajadores de Jaén, Sevilla, Cádiz, a jornaleros magrebíes o a gitanos portugueses, doblados al sol, recogiendo fresas. Todos ellos viajaban para participar en la campaña fresera en la zona cercana a las petroquímicas onubenses y, una vez pasada esta, regresaban a sus hogares hasta el siguiente año o se marchaban a otra campaña agrícola en diferentes zonas de España. Era común encontrarles bajo los plásticos en Lepe, Cartaya, Palos, Bolullos, Almonte o Moguer. Desde hace cuatro años, esta situación es diferente. Ya no hay españoles o portugueses trabajando en el campo y los marroquíes o subsaharianos han sido reemplazados por polacas y rumanas, contratadas directamente en sus ciudades de origen y traídas en autobús por algunas de estas tres organizaciones agrarias: Asaja, Coag o Freshuelva.
La introducción de la política de “contratos en origen”, impulsada con mayor énfasis desde el gobierno del Partido Popular, los sindicatos y los empresarios desde el año 2002, buscaba solucionar dos cuestiones claves. Primero, conseguir mano de obra para un sector que perdía cada vez más jornaleros. Por ejemplo, en el año 1999, más del 20% del terreno cultivado y unos 25 millones de kilos de fresa se perdió por falta de trabajadores que quisieran recoger la fresa. Los lugareños ya no querían trabajar en el campo sino en el sector servicios, en actividades más cómodas y sencillas. Segundo, se buscaba ordenar los flujos migratorios, evitando las avalanchas de inmigración ilegal.
Con la contratación de temporeras del Este, los jornaleros africanos se quedaron sin trabajo. Los empresarios aprendieron a “golpe de multa” a no contratar a quienes no tuvieran un “contrato en origen”, incluso si estaban con papeles, y esto hizo que muchos que tenían documentos y otros que habían entrado a España de manera irregular, no pudieran trabajar. Ese primer año se contrataron a más de 6.000 rumanas y polacas con el compromiso de que regresaran a sus países una vez terminada la campaña, cuando un año antes sólo se habían registrado 696 contratos en origen.
Esto llevó a que cerca de 5.000 africanos, la mayoría hombres, malvivieran debajo de chabolas levantadas con palos y plásticos, a orillas de la carretera, sin más comida que las bolsas de caridad ni más entretenimiento que su desesperación. Era común (y aún lo es) verles los sábados en la mañana haciendo fila en la sede de Cáritas, frente a las Playas en Mazagón, para recibir bolsas de comida y también haciendo autoestop en la carretera. No hacía falta ver los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para saber a qué inmigrantes preferían los españoles. Las polacas y las rumanas tardaban muy poco en sus viajes. Los subsaharianos o marroquíes podían permanecer horas intentando conseguir alguien que les llevara en su automóvil.
El cambio en la política de contratación de los inmigrantes tuvo consecuencias importantes sobre la vida social de estos lugares, donde la recogida de la fresa es una de sus principales industrias, ya que en Huelva se produce el 95% de la fresa de España y el 50% del mundo. Palos de la Frontera (y los alrededores) se han convertido en una bomba de relojería. Esta nueva política generó grupos diferenciados de inmigrantes: los que tienen contratos en origen y los que no y también cierta discriminación racial, por más que muchos se nieguen a aceptarlo.El color de la piel importa para conseguir ese contrato. Muchos subsaharianos sienten que les discriminan. Ellos han sido dejados de lado porque ahora los empresarios las prefieren rubias, según dicen. Nadie quiere contratarles. En diferentes ocasiones, los dueños de las fincas han señalado que las mujeres trabajan mucho mejor que ellos, son más delicadas y suaves con la fresa (lo que evita que estas se estropeen), se adaptan mejor a la vida de los municipios y tienen menos posibilidades de encontrar trabajo en sus países lo que las motiva aún más a viajar. También alertan respecto a que son más serias en los compromisos que adquieren. Esto es, que no les abandonan en mitad de la campaña como ocurría con los otros temporeros.
La tendencia en la contratación en origen va creciendo. La última temporada supuso trabajo para unos 21.000 temporeros extranjeros y para la de este año puede que supere los 30.000. El informe sobre la situación de la inmigración en la campaña fresera, realizado por la Asociación “Huelva Acoge”, señala que en 2004 cerca de 3.000 inmigrantes –fundamentalmente subsaharianos, provenientes del grupo de países donde vive el pueblo Bámbara: Mali, Gambia y Burkina Faso- llegaron a buscar trabajo sin papeles ni contratos, se instalaron en las chabolas, en casas semiderruidas o en habitáculos en el campo, sin luz, agua ni condiciones mínimas de salubridad. Muchos de ellos ya habían sido jornaleros antes de 2002 y habían tenido experiencias en estas fincas, con lo cual es casi natural que se sientan desplazados y rechazados.
Cuando uno camina por las calles de Palos, asiste a la feria o va a la playa en Mazagón y alrededores resulta sencillo percibir la tensión que se vive y los cambios sociales que se han generado. Por un lado, grupos de subsaharianos vagando, sin ningún punto de contacto social y en un contexto donde sus relaciones con los españoles se van deteriorando, Crecen los temores, los estereotipos y la percepción de que los sin papeles deben desaparecer de la zona. Por otro lado, también es común ver a grupos de mujeres solas que pasean por el pueblo o transitan por las mismas carreteras con la intención de hacer la compra, tomarse algo o simplemente dar un paseo después de las duras jornadas de trabajo. Las relaciones de estos colectivos, a diferencia del anterior, son cada vez más positivas e incluso muchas de ellas se han integrado socialmente y han formado nuevas familias con los lugareños. Guste o no, esta política ha generado cambios cruciales en la vida de la gente de la zona.
En este escenario conflictivo no se han desarrollado políticas activas de integración o salidas alternativas efectivas para los colectivos que han sido marginados del proceso productivo. El círculo de marginación, pobreza y delincuencia se ha potenciado y se convierte en un foco al cual sólo le hace falta una chispa para explotar. Ya se han registrado diversos ataques a los inmigrantes por parte de jóvenes de la zona, que hasta el momento son casos aislados, pero que pueden ir a mayor si no se actúa sobre la situación de exclusión que se está generan.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 1 de diciembre de 2005.
Las carreteras que llevan de Palos de la Frontera a Mazagón o de Huelva a Lepe han cambiado. Hasta el 2002 era común ver a trabajadores de Jaén, Sevilla, Cádiz, a jornaleros magrebíes o a gitanos portugueses, doblados al sol, recogiendo fresas. Todos ellos viajaban para participar en la campaña fresera en la zona cercana a las petroquímicas onubenses y, una vez pasada esta, regresaban a sus hogares hasta el siguiente año o se marchaban a otra campaña agrícola en diferentes zonas de España. Era común encontrarles bajo los plásticos en Lepe, Cartaya, Palos, Bolullos, Almonte o Moguer. Desde hace cuatro años, esta situación es diferente. Ya no hay españoles o portugueses trabajando en el campo y los marroquíes o subsaharianos han sido reemplazados por polacas y rumanas, contratadas directamente en sus ciudades de origen y traídas en autobús por algunas de estas tres organizaciones agrarias: Asaja, Coag o Freshuelva.
La introducción de la política de “contratos en origen”, impulsada con mayor énfasis desde el gobierno del Partido Popular, los sindicatos y los empresarios desde el año 2002, buscaba solucionar dos cuestiones claves. Primero, conseguir mano de obra para un sector que perdía cada vez más jornaleros. Por ejemplo, en el año 1999, más del 20% del terreno cultivado y unos 25 millones de kilos de fresa se perdió por falta de trabajadores que quisieran recoger la fresa. Los lugareños ya no querían trabajar en el campo sino en el sector servicios, en actividades más cómodas y sencillas. Segundo, se buscaba ordenar los flujos migratorios, evitando las avalanchas de inmigración ilegal.
Con la contratación de temporeras del Este, los jornaleros africanos se quedaron sin trabajo. Los empresarios aprendieron a “golpe de multa” a no contratar a quienes no tuvieran un “contrato en origen”, incluso si estaban con papeles, y esto hizo que muchos que tenían documentos y otros que habían entrado a España de manera irregular, no pudieran trabajar. Ese primer año se contrataron a más de 6.000 rumanas y polacas con el compromiso de que regresaran a sus países una vez terminada la campaña, cuando un año antes sólo se habían registrado 696 contratos en origen.
Esto llevó a que cerca de 5.000 africanos, la mayoría hombres, malvivieran debajo de chabolas levantadas con palos y plásticos, a orillas de la carretera, sin más comida que las bolsas de caridad ni más entretenimiento que su desesperación. Era común (y aún lo es) verles los sábados en la mañana haciendo fila en la sede de Cáritas, frente a las Playas en Mazagón, para recibir bolsas de comida y también haciendo autoestop en la carretera. No hacía falta ver los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para saber a qué inmigrantes preferían los españoles. Las polacas y las rumanas tardaban muy poco en sus viajes. Los subsaharianos o marroquíes podían permanecer horas intentando conseguir alguien que les llevara en su automóvil.
El cambio en la política de contratación de los inmigrantes tuvo consecuencias importantes sobre la vida social de estos lugares, donde la recogida de la fresa es una de sus principales industrias, ya que en Huelva se produce el 95% de la fresa de España y el 50% del mundo. Palos de la Frontera (y los alrededores) se han convertido en una bomba de relojería. Esta nueva política generó grupos diferenciados de inmigrantes: los que tienen contratos en origen y los que no y también cierta discriminación racial, por más que muchos se nieguen a aceptarlo.El color de la piel importa para conseguir ese contrato. Muchos subsaharianos sienten que les discriminan. Ellos han sido dejados de lado porque ahora los empresarios las prefieren rubias, según dicen. Nadie quiere contratarles. En diferentes ocasiones, los dueños de las fincas han señalado que las mujeres trabajan mucho mejor que ellos, son más delicadas y suaves con la fresa (lo que evita que estas se estropeen), se adaptan mejor a la vida de los municipios y tienen menos posibilidades de encontrar trabajo en sus países lo que las motiva aún más a viajar. También alertan respecto a que son más serias en los compromisos que adquieren. Esto es, que no les abandonan en mitad de la campaña como ocurría con los otros temporeros.
La tendencia en la contratación en origen va creciendo. La última temporada supuso trabajo para unos 21.000 temporeros extranjeros y para la de este año puede que supere los 30.000. El informe sobre la situación de la inmigración en la campaña fresera, realizado por la Asociación “Huelva Acoge”, señala que en 2004 cerca de 3.000 inmigrantes –fundamentalmente subsaharianos, provenientes del grupo de países donde vive el pueblo Bámbara: Mali, Gambia y Burkina Faso- llegaron a buscar trabajo sin papeles ni contratos, se instalaron en las chabolas, en casas semiderruidas o en habitáculos en el campo, sin luz, agua ni condiciones mínimas de salubridad. Muchos de ellos ya habían sido jornaleros antes de 2002 y habían tenido experiencias en estas fincas, con lo cual es casi natural que se sientan desplazados y rechazados.
Cuando uno camina por las calles de Palos, asiste a la feria o va a la playa en Mazagón y alrededores resulta sencillo percibir la tensión que se vive y los cambios sociales que se han generado. Por un lado, grupos de subsaharianos vagando, sin ningún punto de contacto social y en un contexto donde sus relaciones con los españoles se van deteriorando, Crecen los temores, los estereotipos y la percepción de que los sin papeles deben desaparecer de la zona. Por otro lado, también es común ver a grupos de mujeres solas que pasean por el pueblo o transitan por las mismas carreteras con la intención de hacer la compra, tomarse algo o simplemente dar un paseo después de las duras jornadas de trabajo. Las relaciones de estos colectivos, a diferencia del anterior, son cada vez más positivas e incluso muchas de ellas se han integrado socialmente y han formado nuevas familias con los lugareños. Guste o no, esta política ha generado cambios cruciales en la vida de la gente de la zona.
En este escenario conflictivo no se han desarrollado políticas activas de integración o salidas alternativas efectivas para los colectivos que han sido marginados del proceso productivo. El círculo de marginación, pobreza y delincuencia se ha potenciado y se convierte en un foco al cual sólo le hace falta una chispa para explotar. Ya se han registrado diversos ataques a los inmigrantes por parte de jóvenes de la zona, que hasta el momento son casos aislados, pero que pueden ir a mayor si no se actúa sobre la situación de exclusión que se está generan.