14 mayo, 2009

DEPURAR ES PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Nueva macrourbanización en la zona del Vigía
A pesar de que existe una normativa europea vigente desde diciembre de 2005, que obliga a tratar las aguas a los municipios de más de 2.000 habitantes, en varias urbanizaciones de Mazagón se siguen vertiendo a pozos ciegos y a balsas filtrantes, infringiendo esta normativa, y sin que por el momento vaya a tener solución alguna. Además, las nuevas urbanizaciones que se siguen construyendo, están contribuyendo a agravar aún más el problema.
Tanto los colectores de las aguas fecales como las pluviales de la nueva macrourbanización que se está construyendo en el Vigía, donde está previsto levantar más de mil viviendas y varios centros comerciales y de ocio, deberían discurrir en paralelo a la N-442, carretera de Huelva a Mazagón, hasta llegar a la depuradora ubicada en la zona de “La Estrella”, para su tratamiento, en el caso de las fecales, y a una balsa o depósito subterráneo que se podría ubicar en cualquier lugar, en el caso de las pluviales, para su posterior aprovechamiento como agua No potable. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Por la trayectoria que llevan ambas líneas, todo hace pensar que van a ser dirigidas hacia el colector del Vigía que desemboca en un pozo filtrante en las proximidades del nuevo puerto comercial.
Este colector fue pensado para dar una salida provisional a las primeras urbanizaciones que se construyeron hace varias décadas en el Vigía, como Lusitania y Miramar y a los escasos chalés que había por aquella época, pero hoy el colector se encuentra saturado por la galopante proliferación de las urbanizaciones que se han ido construyendo en la zona, y que injertan aquí sus líneas por ser la única salida con la que cuentan. Una auténtica barbaridad que no puede continuar por más tiempo. Es más: aunque el colector estuviera canalizado hacia la depuradora, sería insuficiente para recibir el enorme volumen de agua de una urbanización de esta envergadura. ¿Hasta cuándo se van a estar cometiendo estas atrocidades?


Pozo filtrante junto al nuevo puerto comercial
La Junta de Andalucía financia hasta el 60% del coste de las depuradoras y colectores, pero no obliga a los municipios a instalar plantas depuradoras; simplemente se limita a abrir un expediente sancionador a los ayuntamientos que no cumplen la normativa europea. Estas sanciones tienen un valor simbólico, pues lo que se tiene en cuenta para fijar la sanción es lo que hubiera costado depurar esas aguas, y no el coste del daño que ha causado el vertido, por supuesto, mucho más elevado. Obviamente, los ayuntamientos prefieren pagar la multa antes de hacer el enorme desembolso que supone la instalación de una depuradora.
Tal vez quien pueda poner orden y hacer cumplir la normativa en materia de depuración sea la Junta de Andalucía, llevando a cabo la ejecución y gestión de las depuradoras, a través de convenios con los ayuntamientos. Esta es una posibilidad que se contempla en la futura Ley de Aguas de Andalucía.