Chiringuito en Mazagón
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto
de ley que reforma la actual Ley de Costas.
Al estar afectados los
propietarios de bastantes viviendas de Mazagón por la Ley de Costas y haberse
aprobado como viene sucediendo habitualmente por mayoría del gobierno del PP su
reforma, he considerado de interés el leerla con detenimiento y hacer un
resumen, teniendo que reconocer que resulta difícil el decantarse a favor o en
contra, sabiendo el problema que se le planteaba a los concesionarios y de otro
lado el dilema medioambiental que supone.
Atendiendo a las últimas
expectativas, sobre 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así
como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo
terrestre se salvarán de la demolición prevista inicialmente para el 2018,
ampliándose el plazo de las concesiones en 75 años.
Casas, restaurantes,
hoteles y chiringuitos se beneficiarán de la ampliación, con la puntualización
del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, de que "no es una amnistía
de situaciones ilegales".
En el caso de los
chiringuitos desmontables la autorización pasará de uno a cuatro años,
permitiéndose así que los proyectos pasen a ser más estables, con las consiguientes
mejoras en inversión, que ineludiblemente repercutirán en la calidad del
servicio al usuario.
Las casas se podrán
vender o reformar, manteniendo su volumen y altura. Lo cual evitará por un
tiempo bastante significativo unas pérdidas cuantiosas de patrimonio.
Se establece distinción
entre playas urbanas y naturales, a fin de fomentar la protección de estas
últimas.
En el caso de las
industrias deberán superar un informe ambiental para poder prorrogar la
concesión.
Existe en el proyecto un
punto "cláusula
antialgarrobicos", que propugna tolerancia cero frente a las agresiones en
la costa permitiendo actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que
aprueben obras contrarias a la ley.
En el caso de Huelva, la
reforma hace hincapié en la amnistía a la Barriada Histórica Ría de Punta
Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva),
estableciendo un deslinde especial; todas amenazadas con ser desmanteladas en
el 2018.
La ley excluye del
dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá
la zona pública en lugares como Doñana. Medio
Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 100 a
20 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”.
Evidentemente, aunque
nunca llueve a gusto de todos, la reforma supone un respiro para los propietarios de las antiguas concesiones,
que llevaban años contando con perder sus propiedades en poco tiempo, pero no
se puede obviar la postura contraria de las Organizaciones No Gubernamentales,
que esperaban una importante ampliación y saneamiento medioambiental del
Dominio Público Marítimo Terrestre.
Federico Soubrier García
