El portavoz de
Izquierda Unida en la Diputación Provincial, Rafael Sánchez, ha anunciado hoy
en rueda de prensa que “vamos a reclamar
tanto en la Diputación como en los ayuntamientos de la provincia la creación de
fondos de solidaridad para atender las necesidades de las familias que en
Huelva se encuentran en situación de pobreza energética”. Sánchez explica
que “con esta iniciativa que defenderemos en el próximo pleno de la Diputación,
así como en los ayuntamientos de la provincia, como el de la capital, pretendemos
que estas instituciones ayuden a las personas en riesgo de exclusión social a
poder hacer frente al pago de las facturas del agua, de la electricidad y del
gas, garantizándoles que tengan cubiertos unos suministros energéticos básicos
que eviten que se queden en situación de vulnerabilidad y sin poder acceder a
dichos recursos”.
Para ello,
Izquierda Unida pide que la Diputación, en coordinación con los ayuntamientos,
se dirija a las compañías eléctricas para recabar los datos relativos a los
cortes de luz que se hayan realizado por impago durante el pasado año, con el
fin de elaborar un censo de las familias que no tienen actualmente garantías de
tener cubierto el acceso a un suministro energético básico. De este modo, los
servicios sociales de la propia Diputación podrán encargarse de coordinar el
acceso a las familias afectadas de las ayudas para luchar contra la pobreza
energética en la provincia de Huelva.
Sánchez ha
explicado que “la pobreza energética es una realidad que afecta a miles de
personas y pretendemos que las instituciones intervengan y eviten la
invisibilidad de este problema social”. En este sentido, el portavoz de IU en
la Diputación precisa que en Andalucía durante los años 2012 y 2013 se han
producido hasta medio millón de cortes de luz, después de que la factura de la
energía eléctrica haya sufrido un incremento del 88% desde 2006 hasta la actualidad.
Sánchez denuncia que el paro, la precariedad laboral y los salarios cada vez
más bajos están generando bolsas de pobreza, con tres millones de hogares que
no tienen garantizada el acceso a un suministro energético suficiente en todo
el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Izquierda
Unida reclama también que se pongan en marcha, por parte del Gobierno central, medidas que garanticen a toda la ciudadanía
unos suministros vitales de agua y energía en caso de insolvencia económica.
Sánchez
concluye valorando medidas para hacer frente a la pobreza energética como la
anunciada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, para
garantizar unos mínimos vitales de agua potable y energía eléctrica para las
54.181 personas que reciben en Andalucía el salario social, o como la de Giahsa
para no cortar el agua a personas en situación de exclusión social, además de
las acciones de la Junta de Andalucía para poner en marcha una red de
solidaridad alimentaria, el apoyo a comedores sociales y los convenios con los
bancos de alimentos, para afrontar la situaciones de exclusión social que se
manifiestan con la pobreza energética y la alimentaria.