Ayer se clausuró en Moguer la ronda de
visitas que ha estado promoviendo la Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado en distintos municipios de la comarca, para informar a la población
sobre la difícil situación que está atravesando el sector agrícola al no tener
garantizado el aporte de agua de riego para sus explotaciones.
Masiva respuesta de los vecinos |
El pueblo de Moguer manifestó ayer con
rotundidad su apoyo al sector agrícola y a las reivindicaciones de la Plataforma
en Defensa de los Regadíos del Condado, asistiendo de forma masiva a una
asamblea informativa que tuvo lugar en el recinto ferial de la localidad, y que
fue respaldada por grupos políticos, entidades bancarias, agricultores,
cooperativistas, sindicatos y patronales, junto a cientos de ciudadanos y
ciudadanas que han querido unirse para exigir la llegada de agua superficial y
un marco legal que ampare todos los regadíos.
El alcalde de Moguer abrió el acto |
Al grito de agua ya, los asistentes fueron
recibidos por el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, que comenzó su intervención
destacando la unión en esta lucha de los cinco ayuntamientos que forman parte
de esta Plataforma - Almonte, Rociana, Bonares, Lucena y por
supuesto Moguer-, ‘porque pese a las diferencias políticas’, insistía el primer
mandatario local ‘vamos a seguir movilizándonos por un objetivo común,
garantizar la supervivencia de una actividad que se ha convertido en el
principal motor de progreso y generación de empleo de la comarca’.
En este sentido no se achicó a la hora de
reconocer los continuos incumplimientos de la Junta de Andalucía y el Gobierno
central, ‘que llevan más de 20 años prometiendo la regularización de los sistemas
de riego, la llegada de agua superficial y las concesiones administrativas
definitivas, que a día de hoy seguimos esperando’.
También tomó la palabra el gerente de la cooperativa Grufesa ,
Carlos Cumbreras, que tras recordar que los agricultores del Condado llevan
cultivando fresas y berries desde hace más de 60 años, insistió que en esta lucha
conjunta buscan más que agua, ‘buscamos respeto, soluciones y compromisos para
el mantenimiento de una agricultura de vanguardia a nivel internacional que
siempre ha sido respetuosa con el medio ambiente’. Cumbreras exigió a las
administraciones competentes ‘una solución global de futuro que garantice el
mantenimiento de los cultivos y el bienestar de la comarca’.
Por su parte el gerente de Cuna de Platero,
Juan Báñez, señaló que Huelva es una provincia rica en recursos hídricos, que
hay agua suficiente para abastecer a las explotaciones agrícolas, y que por
tanto no es un problema de agua el que está poniendo en claro peligro la
supervivencia del sector, sino el silencio administrativo de la Junta y del ejecutivo
nacional, que no aportan soluciones a las demandas planteadas.
Báñez explicó que después de más de 30 años
pidiendo que se regularice el uso de los pozos, las distintas administraciones
han permanecido calladas, y que ‘este silencio está dejando a los agricultores
en una situación de incertidumbre y propiciando que incluso muchos clientes europeos
se cuestionan la legalidad de nuestras frutas’. Aún así el representante de
Cuna aseguró que ‘este problema tiene solución, sólo es cuestión de voluntad y
trabajo, y que las administraciones competentes hagan más y hablen menos’.
Para poder arrojar un poco de luz a esta
problemática es necesario recordar que la provincia de Huelva está dividida en
dos cuencas hidrográficas: la
del Guadalquivir , de la que se abastecen estos cinco
municipios del Condado y en la que no hay agua superficial, y la del Guadiana , rica en este
recurso natural tan preciado. Para salvar esta desigualdad se aprobó en Consejo
de Ministros la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos de agua de una cuenca
a otra.
El problema es que las obras de
construcción de las infraestructuras necesarias para hacer efectivo este
trasvase tienen como plazo de ejecución diciembre de 2015, y que mientras este
momento llega no se permite a los agricultores utilizar el agua de los pozos,
obligándoles en definitiva a abandonar sus cultivos si no pueden regar.
El presidente de la Plataforma se dirige a los vecinos |
‘Ante esta situación de incertidumbre’,
destacaba el presidente de la Plataforma Cristóbal Picón ,
‘hemos pedido a la Junta de Andalucía la aprobación del Plan Especial de Ordenación
de Regadíos de la Corona
Norte Doñana y a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, dependiente del gobierno central, que otorgue a los
agricultores concesiones de agua en precario para poder seguir utilizando los
pozos, y acabar así con el acoso diario que sufren por parte de los guardas
rurales y de la Fiscalía’. En este sentido destacó que hasta han solicitado
permiso para recoger el agua de lluvia y poder regar sus plantaciones, pero ‘tampoco
ha habido respuesta’.
Sobre el Plan Especial remarcó Picón que la
administración autonómica les ha asegurado que estará aprobado a finales de
este mes de noviembre, y si no es así, tras agotar la vía del diálogo,
emprenderán nuevas acciones de movilización. Este documento es el marco legal
de los regadíos y es vital para poder acabar con la situación de alegalidad ‘que
estamos soportando, y más cuando está en juego el puesto de trabajo de miles de
personas’.
Lo cierto es que el presente y el futuro
del sector agrícola de la comarca del Condado está en peligro y como
consecuencia de la inseguridad jurídica en la que se encuentran los
agricultores, muchos ya han decidido trasladarse a localidades como Cartaya,
Isla Cristina, Lepe e incluso Portugal.
Nuevas movilizaciones
Aunque los miembros de la
Plataforma han asegurado que siempre utilizarán la vía del diálogo para
intentar alcanzar sus objetivos, también adelantaron que ante la falta de
voluntad política demostrada hasta el momento, han diseñado un calendario de
movilizaciones que comenzará el próximo 16 de diciembre con una concentración
de tractores y que seguirá el 15 de enero con una gran manifestación en Huelva.
También hicieron referencia a un posible paro general en los cinco municipios
implicados en la Plataforma, que tendría lugar el 17 de febrero siempre y
cuando la situación continúe sin cambios y no se avance en ninguna de las
reivindicaciones.