Instalaciones de los pozos del Saladillo
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Pregunta a la Comisión Europea
sobre Doñana
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha
preguntado a la Comisión Europea si conoce los permisos que el Gobierno del PP
otorgó en 2013 a Gas Natural para extraer y almacenar gas del subsuelo del
parque de Doñana y si cree, teniendo en cuenta que se trata de una zona de
incalculable valor medioambiental, que el proyecto se ajusta a la legislación
comunitaria.
En su escrito, López explica que hay “dudas fundadas”
de la legalidad del proyecto de Gas Natural, puesto que se resolvió
“troceándolo en cuatro declaraciones de impacto ambiental”. La empresa
energética pretende desarrollar en el espacio protegido de Doñana un almacén de
gas subterráneo que conlleva abrir 14 nuevos pozos exploratorios y 20
kilómetros de nuevos gasoductos
Además, López recalca que la Junta de Andalucía,
precisamente por esas dudas, ha bloqueado el proyecto hasta que reciba una
confirmación de la validez del proceso, que ya fue investigado por el
excomisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik. Por este
motivo, López también pregunta si, en estos momentos, la Comisión está llevando
a cabo alguna investigación.
La eurodiputada avisa a la institución comunitaria de
que en el entorno de Doñana hay varias Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y se hace eco de la “preocupación” que recientemente ha expresado
el director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Kishore Rao, por la
situación del parque, ya que está reconocido como Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
Izquierda Unida se ha interesado también por este tema
en el Congreso de los Diputados. El parlamentario de La Izquierda de Aragón,
Álvaro Sanz, ha remitido varias preguntas al Ejecutivo ante las autorizaciones
del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la negativa de la Junta andaluza a concederlas por los previsibles
impactos ambientales sobre el Parque de Doñana y la intención de Gas Natural de
reclamar a la Junta 358 millones de euros si no da luz verde al proyecto.