La convocatoria, con una dotación
inicial de 2,2 millones, se integra en un programa de promoción del alquiler de
26,5 millones para 2015
La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto una línea de ayudas al alquiler
para familias desahuciadas o incursas en procesos de ejecución hipotecaria.
“Nuestro objetivo es que las familias desahuciadas por no poder pagar su hipoteca
que se encuentran en situación de emergencia, sin alternativa habitacional y
empobrecidas por la crisis y el desempleo no se queden en la calle”, ha
afirmado la consejera Elena Cortés. La ayuda, con una cuantía inicial de
2,27millones de euros y que se irá dotando de nuevos fondos en convocatorias
sucesivas, se integra en un programa general de líneas de apoyo al alquiler que
cuenta con un total de 26,5 millones para 2015.
La ayuda para personas
desahuciadas da cobertura al mismo perfil de familias en situación de
emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal
de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por
el recurso del Gobierno central contra la Ley para Asegurar la Función Social
de la Vivienda. “El Gobierno ha cerrado una puerta, Andalucía abre otra”, ha
explicado Cortés.
“Esta ayuda atiende a familias en
situación extrema”, ha señalado la consejera. Los requisitos que deben
acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución
hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual; que el
lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social; y que ningún
miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
Esta línea de apoyo al alquiler
también protege a los avalistas que acrediten una situación de emergencia
social por encontrarse su vivienda en ejecución tras haberla ofrecido como
garantía de un crédito hipotecario o de un préstamo concedido para hacer frente
al desempeño de su trabajo como autónomo. También cubre a personas que
acrediten su situación de emergencia social y hayan ofrecido su vivienda
habitual en pago, aunque no sea haya un procedimiento de ejecución.
Menoscabo de la situación
económica
Las circunstancias que acreditan
el riesgo de exclusión son similares a las que permitían acogerse a la expropiación
del uso para evitar desahucios, entre ellas que las condiciones económicas
hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de
endeudamiento sobrevenido con respecto a sus condiciones cuando se firmó el
préstamo. El esfuerzo que representa el préstamo sobre la renta familiar se
debe haber multiplicado al menos por 1,5 desde el momento de la formalización
del contrato y suponer más de un tercio de los ingresos familiares.
El periodo máximo de concesión de
la ayuda son tres años, al igual que ocurría con la expropiación del uso
recogida en la Ley recurrida parcialmente por el Gobierno.
Líneas de apoyo al alquiler
La Consejería, que aporta una
cuantía inicial a la ayuda de 2,27 millones, la dotará de nuevos fondos en
sucesivas convocatorias, una vez cerrada la primera. La ayuda se integra en un
amplio programa de apoyo al alquiler, “un pilar básico de las políticas de
defensa del derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.
Dicho programa consta de tres
líneas para 2015, que suman un total de 26,5 millones y tienen “una clara
orientación hacia la defensa del derecho a la vivienda en circunstancias
críticas para las familias”, en palabras de la consejera. La primera ayuda, de
4,3 millones, se dirige a familias inquilinas de viviendas públicas (de
ayuntamientos, diputaciones o de la propia Junta) con dificultad para pagar la
renta y con ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el IPREM: unos 11.000
euros anuales. Esta ayuda se encuentra en fase de evaluación de las solicitudes
trasladadas por los ayuntamientos y diputaciones. “Es una ayuda que pretende
erradicar los desahucios en las viviendas públicas por causa de impago por
empobrecimiento sobrevenido, tal y como ha hecho la Junta en su parque
público”, ha señalado Cortés.
La segunda ayuda, publicada hoy
en el BOJA, es la orientada a personas desahuciadas o en proceso de desahucio.
La tercera línea, de 20 millones de euros, ofrecerá ayudas al alquiler a
familias con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM: unos 15.000
euros anuales. Esta ayuda se encuentra actualmente en fase de elaboración, con
la previsión de publicación en el primer trimestre de 2015. La orden reguladora
introducirá como uno de los elementos de puntuación para su concesión el que la
familia haya sufrido un desahucio, ya sea hipotecario o por impago de la renta
de arrendamiento.
Alegaciones ante el
Constitucional
Cortés ha recordado que Andalucía
fue la primera comunidad autónoma en desarrollar un marco legislativo para
evitar los desahucios en casos extremos, concretamente mediante la Ley de
Función Social de la Vivienda. Dicha norma fue parcialmente recurrida por el
Gobierno en diciembre del año pasado, forzando la paralización cautelar de los
mecanismos para sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías
y para expropiar temporalmente el uso de viviendas a los bancos para evitar
desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
Cortés ha anunciado hoy que, una
vez acreditado que el Gobierno recurrió la Ley aportando datos falsos, el
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado alegaciones ante el
Tribunal Constitucional solicitándole el levantamiento de la suspensión cautelar
de la norma. “Los magistrados del Constitucional ya tienen sobre su mesa la
documentación que demuestra que el Gobierno les mintió”, ha afirmado Cortés,
que ha recordado que la suspensión de la Ley “provoca desahucios cada día”.
El Gabinete Jurídico de la Junta
ha presentado nueva documentación al Constitucional que acredita que el informe
de la Sareb incorporado al recurso incluía “datos falsos”, ya que dicha entidad
no posee 911 viviendas, sino 98. Ello anula todo valor del informe y “desvirtúa
su presunción de veracidad”, según la alegación. Los servicios jurídicos de la
Administración también han incorporado el Informe de Estabilidad Financiera del
Banco de España elaborado en 2014 que, en contra de lo que afirmaba el Gobierno
en su recurso, acredita que la ley lógicamente no ha deteriorado el sistema
financiero español, y que éste de hecho según este informe ha experimentado
“una mejora de las condiciones de financiación en los mercados nacionales”.
“Ni la Ley iba a destruir la
economía española ni la Sareb tenía 911 VPO, sino diez veces menos. Es
razonable pensar que si los únicos hechos sometidos a prueba de verdad han
resultado falsos, absolutamente todo el recurso puede estar basado en mentiras
y exageraciones”, ha señalado Cortés. El Gabinete Jurídico de la Junta ha
reclamado con todo ello al Constitucional que tenga en consideración esta nueva
información y levante la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya sentencia.
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
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