La Mesa de la Ría pide
al Pleno del Ayuntamiento de Huelva que declare Persona “non grata” a Mariano
Rajoy
Para la Mesa de la Ría,
el 14 de marzo de 2016 será recordado como un día triste en la historia de
Huelva. Dicha efeméride pasará a la historia como el día en el que se hizo
pública la decisión del Ministerio de Medio Ambiente en la que se declaraba
como “idóneo” el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos bajo una
fina capa de tierra.
Parece ser que de nada
han servido las continuas muestras de oposición manifestadas desde la propia
ciudadanía, desde decenas de colectivos sociales de todo tipo y desde las
principales fuerzas políticas que se manifestaron de manera unánime contra este
proyecto el pasado 3 de diciembre. El Gobierno dirigido por Mariano Rajoy, ha
optado por condenar a las generaciones venideras a un futuro en el que nuestra
ciudad no pueda disfrutar de su entorno natural, así como a vivir bajo un
continuo y permanente riesgo para la salud.
Del mismo modo, al Sr.
Rajoy se le ha olvidado la promesa de retirar los fosfoyesos que hiciera en su
visita a Huelva el 5 de mayo de 2011, durante la campaña electoral para las
municipales en la que su partido obtuvo la alcaldía de la ciudad. Se le olvidó
además, cuando nombró en abril de 2014 a la Sra. Isabel García Tejerina, ex
directiva de Fertiberia, como Ministra de Medio Ambiente, nombramiento
realizado precisamente en el momento en el que dicho Ministerio tenía que tomar
la decisión sobre la restauración que Fertiberia debía llevar a cabo en la
marisma de Huelva.
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| Rafa Gavilán, concejal de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, entregando la moción |
Para la Mesa de la Ría,
este ejemplo “de libro” de lo que significa el término “puertas giratorias” ha
terminado de consumar la traición del Sr. Rajoy hacia la ciudad de Huelva y
hacia su sufrida población, aquella a las que ha menospreciado durante años a
cambio de devolver favores al empresario Villar Mir, muy en la actualidad hoy
día por aparecer su nombre permanentemente ligado a oscuras maniobras políticas
y económicas.
Esta situación ha
desembocado en la decisión tomada de condenar a Huelva a la pérdida para
siempre de 1200 hectáreas de su entorno natural. La responsabilidad última de
la no aplicación del principio de “quien contamina paga” recae en el representante
político que toma la decisión o permite que otros lo hagan. No podemos obviar
que los tribunales de justicia encomendaron al Ministerio que decidiera sobre
el proyecto de restauración que debería acometer Fertiberia, y por lo tanto,
podrían haber optado por algún otro plan alternativo que devolviera el
patrimonio natural esquilmado a su estado original, pero no fue así, muy al
contrario aceptaron el proyecto de mínimos presentado por la empresa condenada
judicialmente por dicho vertido, es decir, aquél que se limitaba a enterrar los
fosfoyesos, nuestra marisma, nuestro futuro y lo que es peor, nuestra dignidad
bajo una fina capa de tierra.