LA MESA DE LA RÍA
PLANTEARÁ EN LA MESA DE LOS FOSFOYESOS Y EN EL PLENO LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO
INTERADMINISTRATIVO PARA QUE ALCANCE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS BALSAS DE
FOSFOYESOS.
La Mesa de la Ría va a
plantear tanto en la mesa de los fosfoyesos como en el próximo Pleno municipal,
la creación de una Comisión Interadministrativa (Estado-Comunidad
Autónoma-Ayuntamiento) a la que mediante Convenio suscrito por todas ellas se
le encomiende la gestión de alcanzar una solución definitiva a las balsas de
fosfoyesos.
La figura del Convenio
Interadministrativo consiste en un acuerdo jurídico celebrado entre las
Administraciones Públicas, con el fin de satisfacer las necesidades derivadas
de la colaboración administrativa. Tiene cabida en el principio de colaboración
entre las Administraciones que se recoge en el artículo 3.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y más concretamente, los
Convenios entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de
las Comunidades Autónomas se contemplan en el artículo 57 de la Ley de Bases
del Régimen Local.
En el caso de nuestra ciudad,
en lo referente a la problemática de las balsas de fosfoyesos, nos encontramos
ante un típico caso de competencias concurrentes de distintas Administraciones,
en las que ninguna de ellas, por sí sola, puede alcanzar una decisión o
dictamen definitivo, pues las competencias individuales de cada una de ella, se
solapan a la hora de alcanzar una posible solución definitiva.
Por un lado, la
Administración del Estado ejerce las competencias encomendadas por la Audiencia
Nacional a la hora de evaluar el proyecto de enterrado de las balsas de
fosfoyesos presentado por Fertiberia. Del mismo modo, ejercerá las competencias
que le corresponden en la pertinente evaluación de impacto ambiental del
Proyecto de Restauración.
Al mismo tiempo, la
Administración Autonómica en el marco de sus competencias en materia
medioambiental, procederá a tramitar la correspondiente Autorización Ambiental
Integrada para el proyecto que se pretenda ejecutar, así como la pertinente
Evaluación de Impacto sobre la Salud, en el ámbito de sus competencias en
materia de Salud.
Por último, el
Ayuntamiento de Huelva, como único órgano competente en el planeamiento
urbanístico de la ciudad, deberá evaluar si el proyecto que se pretenda llevar
a cabo encaja en las directrices urbanísticas existentes para la zona afectada.
Dictamen, que por otro lado, de resultar negativo sería de carácter vinculante.
Por todo ello, resulta
más que evidente la necesidad de coordinación entre las tres Administraciones
implicadas (Estado-Comunidad Autónoma-Ayuntamiento) para lograr alcanzar una
solución de manera conjunta, para lo que la figura del Convenio
Interadministrativo de Colaboración, con la creación de un órgano “ad hoc” al
que se le encomiende la gestión del problema, y la capacidad de tomar
decisiones con carácter vinculante, solucionaría esta posible disparidad de
decisiones que pudieran entrar en contraposición entre una y otra de las
distintas Administraciones con competencia en la solución de este problema.
Resultan evidentes las
carencias y la falta de efectividad de la actual Mesa de Participación
Municipal, ya que dicho órgano carece de la capacidad de tomar decisiones de
obligado cumplimiento para las partes implicadas, tratándose ésta poco menos
que de una “mesa de oyentes”. Es más, el comité de expertos emanado de dicho
órgano, ni siquiera cuenta con la disponibilidad presupuestaria para poder
ejercer su labor, tampoco podría imponer la solución o soluciones que
propongan, ni tan siquiera tiene en la actualidad la posibilidad de acceder a
las balsas de fosfoyesos para desarrollar la necesaria labor de estudio y
medición sobre el terreno.
Por otro lado, en el
informe de fecha 15 de julio de 2010，elaborado por los
miembros de la Comisión de Peticiones del parlamento Europeo que visitaron
Huelva del 16 al 18 de febrero de 2010，se ponía de manifiesto
por un lado “una aparente falta de comunicación entre las autoridades
nacionales, municipales y regionales” y por otro que “las empresas
interesadas, en particular Fertiberia, deberían facilitar la inspección in situ
de las instalaciones de la gestión de los residuos”.
En definitiva, Mesa de
la Ría considera que todas estas cuestiones, incluidas las recomendaciones de
los europarlamentarios, quedarían solucionadas con la creación de este órgano
interadministrativo con competencia para tomar decisiones, del cual pasaría a
depender funcionalmente el comité de expertos actualmente creado en el seno de
la mesa de participación.
Por otro lado, Mesa de
la Ría considera necesario que se provea por parte de las tres Administraciones
implicadas, en base a la capacidad presupuestaria de cada una de ellas, de la
financiación suficiente para que se puedan realizar los estudios que la
Comisión de Expertos haya presentado como necesarios para emitir su dictamen.
