Izquierda Unida lleva la defensa de Doñana frente a
las agresiones de Gas Natural al Congreso de los Diputados, al Parlamento
Andaluz y a las diputaciones y ayuntamientos de Huelva, Cádiz y Sevilla
 |
| Pedro Jimenez con iniciativa #SalvemosDoñana |
El Coordinador
Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Pedro Jiménez, ha anunciado hoy en
rueda de prensa “la amplia campaña institucional que ya hemos puesto en marcha
con la que vamos a presentar mociones de rechazo al proyecto de Gas Natural en
Doñana en las diputaciones provinciales de Huelva, Sevilla y Cádiz, y en los
ayuntamientos de estas tres provincias. Además, defenderemos iniciativas contra
este proyecto y en defensa de Doñana en el Congreso de los Diputados y en el
Parlamento Andaluz”. Esta misma mañana se ha registrado ya esta iniciativa en
la Diputación de Huelva y también se hará lo propio en el Ayuntamiento de la
capital onubense.
Jiménez
también ha anunciado que “nos vamos a dirigir al Comité de Peticiones del
Parlamento Europeo para que aceleren la visita de una delegación de este
organismo comunitario a Doñana para que puedan comprobar sobre el terreno lo
antes posible lo que está haciendo Gas Natural y ayude a paralizar este
proyecto”.
El dirigente provincial
de IU en Huelva ha expresado que “estamos desde el principio en contra del
proyecto gasístico de Gas Natural a la que le exigimos que cumpla con la
normativa vigente y presente un estudio de impacto ambiental unificado y no
cuarteado del mismo con los correspondientes estudios geológicos que no ha
realizado y que tiene la obligación de presentar, según las Declaraciones de
Impacto Ambiental presentadas”. Al respecto, Jiménez explica que “le exigimos tanto
al Gobierno en funciones de Rajoy como a la Junta de Andalucía que procedan a
paralizar cautelarmente las obras que ya se están ejecutando en Doñana para
evitar los daños que ya está sufriendo la zona”.
“También le
exigimos a la Junta de Andalucía que no se ponga de perfil ante las actuaciones
de Gas Natural”, señala Jiménez. En las iniciativas de Izquierda Unida se exige
a la Junta de Andalucía que no permita, como está haciendo hasta ahora, la
ejecución de tres de los proyectos en los que la empresa ha cuarteado su
actuación en Doñana, y considere para su estudio el conjunto de todo lo que pretende hacer esta
empresa en la zona, que va a suponer graves daños y riesgos para este
territorio de alto valor ecológico.
La iniciativa
de Izquierda Unida también reclama a la Junta de Andalucía que inicie un procedimiento de conflicto de
competencias ante el Tribunal Constitucional, al entender que el Gobierno
central está abusando claramente de sus competencias en el territorio de Doñana
y perjudica claramente los intereses de Andalucía.
Respecto a la
posición del Partido Popular, Jiménez ha calificado de “impresentables y
escandalosas” las declaraciones realizadas por el dirigente popular onubense
David Toscano que “parece un representante de los intereses de Gas Natural
frente a los de la población, defendiendo a
la empresa sin tener en cuenta para nada el interés general”. En este
sentido, Jiménez recuerda cuando en el pasado mes de julio el Partido Popular
le cedió su sitio a un representante de Gas Natural en la sesión del Comité de
Peticiones del Parlamento Europeo, en el que el representante de IU, Francisco
Javier Camacho, defendía a Doñana del proyecto gasístico de Gas Natural.
“Gas Natural
pretende obtener beneficios de esta situación si no es a la entrada, a la
salida”, ha señalado Pedro Jiménez, “para lo que cuenta con el respaldo seguro
del Partido Popular y del Gobierno en funciones de Rajoy, como ya ocurrió con
el proyecto Cástor en el litoral de Castellón”.
Jiménez ha
añadido que “nos encontramos ante un evidente caso de puertas giratorias”, ya
que el ex presidente del Gobierno Felipe González compatibilizó sus cargo como
presidente del Consejo de Participación de Doñana y como miembro del Consejo de
Administración de Gas Natural, del que dimitió tan sólo un mes antes de que se
aprobará, por primera vez, el proyecto de Marismas Oriental por parte del
Gobierno central en enero de 2013.
