Desde que fuera
aprobada la moción de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva para el
establecimiento de una conexión marítima regular entre Huelva y Cádiz, han sido
numerosos los apoyos mostrados a dicha propuesta provenientes desde gran parte
del espectro político, social y empresarial, tanto de Huelva como de Cádiz.
Valga como ejemplo de ello las dos Proposiciones No de Ley aprobadas en este sentido
por el Parlamento Andaluz, en las que se instaba por un lado a la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a que abanderara desde lo público
el impulso y materialización de este proyecto y por otro, la que solicitaba al
Consejo de Gobierno Andaluz que participara en los estudios que se lleven a
cabo, para determinar la viabilidad de este proyecto. Ambas propuestas
parlamentarias fueron aprobadas por unanimidad de todos los Grupos Políticos.
Desde Mesa de la Ría
consideramos, que para cumplir el objetivo previsto es, fundamental que las
instituciones públicas colaboren de manera proactiva en el mismo sentido, para
así tratar de solventar las reticencias que desde el Sector Privado pudieran
presentarse a la hora de establecer una línea de transporte en la que la
incertidumbre sobre la rentabilidad de la misma obstaculice la implantación de
dicho servicio.
Por ello, reclamamos
que la Comunidad Autónoma Andaluza, en el marco de las competencias exclusivas
en materia de transporte marítimo que le confiere el artículo 64.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, establezca la declaración de “Servicio Público”
para dicha línea de transporte.
Otras Comunidades
Autónomas como es el caso de la Gallega, ya ha llevado a cabo una medida
similar mediante la promulgación de una Ley por la que se desarrolla la libre
prestación de servicios de transporte marítimo de personas en sus aguas, en la
cual se establecen una serie de servicios marítimos entre Puertos
pertenecientes a dicha Comunidad, con la característica de “Servicio Público”,
en régimen de concesión administrativa.
En el caso de la
conexión marítima entre Huelva y Cádiz, desde Mesa de la Ría entendemos que la
especial justificación para establecer la consideración de Servicio Público la
encontramos sin lugar a dudas en la obligación que tienen los poderes públicos,
merced al artículo 45 de la Constitución, a preservar el Medio Ambiente y por
tanto a proteger un espacio natural tan especial y singular como es el Parque
Nacional de Doñana, considerado desde el año 1994 Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Esta situación
especial, que nos ha impedido hasta la fecha el establecimiento de una conexión
directa con la provincia vecina de Cádiz, justifica de sobra la intervención
del sector público en una actividad plenamente liberalizada en Europa como es
el transporte marítimo de viajeros. La preservación de este espacio natural,
único en España, debe prevalecer sobre el criterio mercantilista de esta
conexión marítima, mediante la declaración al efecto de Servicio Público para
la misma.
Consideramos que
Andalucía no puede quedarse rezagada en la regulación de esta Competencia, la
cual no cuenta aún con el correspondiente desarrollo legislativo, con lo que
sería necesario que se llevara a cabo la elaboración de la futura Ley de
Transporte Marítimo de la Comunidad Autónoma Andaluza, con la consiguiente
declaración en su seno como “Servicio Público” para la conexión marítima
regular entre Huelva y Cádiz.
