Izquierda
Unida pide a los ayuntamientos y diputaciones “que salgan de la neutralidad y
se pongan del lado de las personas estafadas por las cláusulas suelo y otros
gastos abusivos impuestos por los bancos”
Francisco Javier Camacho, responsable
de Política Institucional de IU Huelva, lamenta que “el Decreto pactado por PP,
PSOE y Ciudadanos sólo sirva para proteger de nuevo a los intereses de la
banca, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo” y
recomienda a los usuarios que no renuncien a la vía judicial para no perder lo
que han pagado por cláusulas abusivas y otros gastos hipotecarios que los
bancos también les han cobrado indebidamente.
Izquierda Unida va a llevar a los
ayuntamientos y a las diputaciones una iniciativa institucional “para que las
administraciones locales, las más cercanas a la población, se pongan del lado
de las víctimas de la estafa bancaria por las cláusulas suelo y abusivas; creando
oficinas para asesorar a la ciudadanía y ayudar a las miles de personas que la
han sufrido a que puedan recuperar el dinero que les tienen que devolver los
bancos”, según ha expuesto hoy en rueda de prensa Isabel Lancha, integrante de
la Ejecutiva Provincial de IU en Huelva.
Junto con Lancha, también ha
intervenido Francisco Javier Camacho quien ha denunciado que “el Decreto del
Gobierno, pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, no es para ayudar a las víctimas
de esta enorme estafa bancaria, sino todo lo contrario, ya que le proporciona a
los bancos un balón de oxígeno para que no tengan que devolver todo lo que han
cobrado indebidamente”. En este sentido, Camacho advierte que “el Decreto del
Gobierno le concede a los bancos un periodo de cuatro meses con las que
paralizar las acciones judiciales que van a seguir perdiendo y así se podrán ahorran
las costas judiciales que tendrían que abonar las entidades bancarias”.
Además, este Decreto pretende que los
bancos a cambio de pagar pronto mediante
mecanismos extrajudiciales, se puedan ahorrar pagar los gastos que le imputaron
indebidamente a sus clientes, considerados abusivos por una Sentencia del
Tribunal Supremo de diciembre de 2015. Estos gastos son los ocasionados por registros de la
propiedad, gastos notariales y actos jurídicos, que no deberían haber asumido
los clientes de créditos hipotecarios.
Por ello, los representantes de
Izquierda Unida recomiendan a las personas estafadas que no renuncien a la vía
judicial y que antes de entrar en el mecanismo recogido por el Decreto del
Gobierno se asesoren en las Asociaciones de Consumidores o recurran a abogados.
Es por esto por lo que Izquierda Unida demanda a los ayuntamientos y a las
diputaciones que se apresuren a poner recursos públicos a disposición de las miles de víctimas de esta estafa bancaria,
que en Huelva se estima que sean entre 35.000 y 37.000, ya que siguen
indefensas ante los abusos de las entidades bancarias.
