El
documento final, que consta de 47 alegaciones y unas 100 páginas, se acompaña
de 29 anexos, 25.000 firmas por la Marisma limpia y unas 3.000 alegaciones
ciudadanas contra el chapucero proyecto de Fertiberia.
Para Mesa de la Ría,
el documento presentado hoy ante el Ministerio de Medio Ambiente marcará un
antes y un después en la problemática relacionada con las balsas de
fosfoyesos de Huelva. La contundencia de las alegaciones presentadas, hacen
que para esta organización resulte inviable que el proyecto pudiera continuar
adelante con su tramitación en vía administrativa. A partir de ahora, solo
cabe esperar la resolución desestimatoria de la Declaración de Impacto
Ambiental y como consecuencia de ello, que la Audiencia Nacional inste a
Fertiberia a presentar un proyecto de restauración alternativo que recupere
la marisma que cumpla con la disparidad de normativas de rango legal que el
presentado hasta hoy vulnera flagrantemente.
En este sentido, el
proyecto de Fertiberia incumple la Ley de Costas en la medida en que no prevé
la incidencia de los efectos del cambio climático sobre las balsas de
fosfoyesos (artículo 44.2 Ley de Costas) y tampoco resulta compatible con los
instrumentos de planeamiento de la ciudad de Huelva (artículo 44.1 Ley de
Costas), tal y como se constató en el informe de incompatibilidad urbanística
emitido por el Ayuntamiento y que obra en poder de la Audiencia Nacional.
Además, se aportan
los diversos estudios realizados por técnicos de la Universidad de Huelva en
relación a la inestabilidad morfodinámica de la zona 2 (la de mayor altura
del apilamiento), de la afección a la salud por lixiviados y emisiones a la
atmósfera de la zona 3, de la no inclusión de medidas correctoras y
restauradoras en la zona 4 (que la Junta de Andalucía considera como “no
restaurada”), de la afección de riesgos sísmicos y de tsunamis no
contemplados adecuadamente en el proyecto, etc…
Por otro lado, se
ponen de manifiesto los múltiples incumplimientos en las normas y códigos
técnicos de edificación en obras marítimas (ROM), la ilegalidad del vertido
por sentencia judicial, el escaso rigor técnico del proyecto en determinados
aspectos y la vulneración de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas ya que el proyecto certifica la contaminación
de aguas, motivo por el que ha de ser denegado.
Asimismo, se informa
de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, al
establecerse mediante un simple “proyecto constructivo” una restricción de
usos del suelo (al margen de cualquier instrumento de planificación
territorial y urbanística) en una zona de dominio público y por tanto
inalienable, imprescriptible e inembargable según nuestra Constitución.
En definitiva, son hasta
47 las alegaciones presentadas, las cuales se encuentra a libre disposición y
consulta por la ciudadanía en la web de Mesa de la Ría (www.mesadelaria.com),
con las que esperamos que el Ministerio ponga fin al despropósito que supone
intentar tapar con una capita de tierra el mayor desastre medioambiental de
este país y posiblemente de Europa.
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