En los años 60, alguien decidió por los ciudadanos que lo
ideal para esta ciudad sería crear un polo químico “de desarrollo”, y así lo
hizo.
En la actualidad, tras la progresiva caída de esa industria
anacrónica y contaminante, Huelva se encuentra en un momento clave para el
diseño de su futuro y de acometer un cambio radical en el modelo estructural y
productivo de la ciudad. Sin embargo, la ría y toda su área metropolitana
carecen de los instrumentos legales y de planeamiento que, al contrario de lo
que sucede en Huelva, ya han sido aprobados en el resto de las aglomeraciones
urbanas de Andalucía, con notables beneficios para ellas.
En el término municipal ocurre el mismo caso. Asistimos a la
decrepitud de un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1999 y que se
encuentra en gran parte obsoleto, pues el modelo de ciudad ha de ser otro
totalmente diferente al que definió ese patrón ladrillista residencial e
industrial. Huelva debe definir otro tipo de ciudad de la mano y planificación
de todos sus habitantes, tal y cómo se desprende de la participación ciudadana
que debe regir todo cambio de modelo.
El Puerto pretende ser el principal actor en la
transformación urbanística que necesita la ciudad, pero lo quiere hacer sólo,
del lado de la improvisación, del parcheo y de las ocurrencias parciales, sin
un planeamiento aprobado que sirva para soporte, diseño y ordenación de todo el
frente o fachada marítima de la ciudad, el gran potencial de futuro de Huelva.
El Plan Especial Portuario, uno de los planes principales que
desarrollan el PGOU, no sólo es tan obsoleto como el propio Plan General, sino
que su aprobación fue condicionada por la Junta de Andalucía hace 17 años al
cumplimiento de la legislación en lo referente al plan rector de Marismas del
Odiel y a su coordinación con los planes de Palos y Huelva, aspectos esenciales
a los que sigue sin acogerse la autoridad portuaria, especialmente en sus
operaciones contra la ordenación de territorio que viene realizando en el
Espigón desde décadas.
El Puerto licita obras que afectan a la ciudad y su fachada
marítima, sin un respaldo del planeamiento aprobado y consensuado por los
ciudadanos, como se requeriría en una democracia avanzada.
Así licitó las obras de un paseo marítimo sin evaluar
ambientalmente, que no planteaba su conexión con el monumento (BIC) embarcadero
de Minerales de la Compañía Riotinto y que incumplía las directivas básicas del
Plan General ocupando en exceso la lámina de agua y rellenando sus marismas o
elementos históricos como la centenaria rampa de descarga de pescado de la
antigua Pescadería que debió haberse integrado en el proyecto, Con ello
se perdió la típica postal turística de las barcas varadas en la bajamar, en la
que se podía contemplar el reflejo en el agua del monumento, que de manera
improvisada se ha sustituido por una pared de rocas en su encuentro y vista con
el muelle.
Ahora, esa falta de conexión se pretende corregir con una
nueva ocurrencia: una rotonda pensada para mejorar la circulación de los coches
y no de los ciudadanos, sin llevar a cabo el concurso de ideas del diseño del
entorno del monumento y su reconstrucción aprobado por unanimidad por el pleno
del Ayuntamiento.
Plantea el Puerto además, el mantenimiento de unos astilleros
cada vez mas disminuidos, en una zona sin el calado necesario, negándose a dar
un verdadero impulso a una actividad limpia en el puerto exterior, esperando
tal vez que se hunda definitivamente un enorme nicho de empleo para la ciudad.
Licita restauraciones de tinglados a la espera de definir sus
usos, en vez de rehabilitarlos con un uso previsto previo, o contrata una
enorme lonja de hormigón, un rocódromo y una Ciudad del Marisco, ubicados en la
entrada de la ciudad, como elementos improvisados y desconexos de cualquier
planeamiento territorial y de la participación ciudadana que se puede derivar
de su tramitación.
Y finalmente, propone mediáticamente la creación de una zona
franca en las marismas del Pinar, zona 1 de los fosfoyesos, lugar que se
encuentra totalmente envenenado y contaminado por la propia gestión del Puerto
de ese espacio que fue usado como vertedero por la Industria química y en el
que el planeamiento actual impide cualquier uso industrial.
Por otro lado, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía
proponen planes estratégicos sin carácter vinculante en la ordenación del
territorio, que reducen la participación de la población a meras encuestas
ciudadanas, pero miran impasibles ante las ocurrencias diarias de un Puerto que
dice querer integrarse más en la ciudad, pero que lo sigue haciendo con
absoluta improvisación, con parches, con prisas, sin el conceso de los
ciudadanos y, lo que es más grave, al margen del planeamiento urbanístico y
territorial el cual debe ser el garante, desde su inicio, de la participación
de la ciudadanía en el diseño de la ciudad en la que queremos vivir.
Rafael Gavilán
Concejal de Mesa de la Ría