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| Pedro Jiménez en RP IU 6 septiembre. |
Pedro Jiménez, Coordinador Provincial
de Izquierda Unida en Huelva, ha anunciado hoy en rueda de prensa la iniciativa
que va a defender, tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento de
Huelva, para crear sendas comisiones que sirvan “para velar por el grado de
cumplimiento de las adjudicaciones de los servicios de Ayuda a Domicilio”, solucionar
problemas en la gestión de los mismos, solventar incumplimientos y garantizar
cláusulas sociales para las trabajadoras de las empresas adjudicatarias.
En la
provincia de Huelva, el servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación atiende
a más de 3.000 personas dependientes y da trabajo a unas 1.350 personas, siendo
la mayoría de ellas mujeres. A estas cifras hay que sumar los servicios de
Ayuda a Domicilio municipales que dependen de los ayuntamientos con más de
20.000 habitantes, como es el caso del de la capital. El próximo lunes, la
Diputación volverá a adjudicar este servicio y ante ello, Izquierda Unida
quiere que se forme una Comisión de seguimiento de dicha adjudicación, compuesta
por todos los grupos políticos, los sindicatos, los técnicos encargados del
seguimiento de estos contratos y representantes de la Administración Andaluza.
Esta iniciativa será defendida por IU en los próximos plenos ordinarios de la
Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Huelva.
Según ha
explicado hoy Pedro Jiménez, esta Comisión debe encargarse de “garantizar que
las condiciones laborales y la calidad del servicio no sufran recortes ni se
vean menoscabadas, con lo que queremos que se defiendan los derechos tanto de
las personas que tienen que recibir este servicio y de las trabajadoras que lo
prestan a través de este instrumento que debe garantizar el control democrático
de la prestación de la Ayuda a Domicilio”.
El servicio de
Ayuda a Domicilio se presta por la Ley de Dependencia desde hace unos diez
años. Sin embargo, el Gobierno del PP no cumple con el 50% de la parte de
financiación que le corresponde, ya que sólo llega a cubrir el 18% de lo que
debe aportar. De este modo, obliga a la Comunidades Autónomas a financiar el resto,
por encima de lo que deben aportar.
“Los recortes
y ajustes que llevamos sufriendo durante años alcanzan directamente a la Ayuda
a Domicilio, provocando pérdidas de derechos laborales, bajadas de salarios y
perjudicando la calidad del servicio”, expone Pedro Jiménez. Ante ello,
Izquierda Unida pide que la prestación por adjudicación pública de la Ayuda a Domicilio disponga de este
instrumento de control democrático para velar por su mejor prestación, en lo
que afecta tanto al personal empleado como a las personas atendidas.
En este
sentido, Izquierda Unida considera que la vigilancia sobre el buen
funcionamiento del mismo no puede ni debe quedar supeditado a los controles
rutinarios que el derecho administrativo y las leyes de contratación contemplan
sino que “tenemos la obligación política y democrática de garantizar un idóneo
funcionamiento del mismo porque estamos hablando del bienestar personal y la
calidad de vida de miles de personas, dependientes, vulnerables, en la mayoría
de los casos en el tramo final de su existencia, y que merecen una vida digna”,
ha resaltado Pedro Jiménez.