El Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Moguer y a la primera sentencia del juzgado contencioso-administrativo de Huelva en contra de las pretensiones de Aqualia de reclamar al Ayuntamiento 2,4 millones de euros en concepto de pérdidas, según el contrato que firmó en el año 2010 durante el gobierno anterior del partido popular.
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Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer.
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El pasado 5 de octubre se recibió en el Ayuntamiento de Moguer sentencia del TSJA favorable al consistorio local en la que desestima la exigencia de Aqualia que reclamaba vía judicial una cantidad que, junto con los intereses de demora, podría acercarse a la cifra de 3 millones de euros.
El origen de este pleito se remonta al contrato firmado entre FCC Aqualia S.A. y el Ayuntamiento de Moguer en el año 2010, gobernado entonces por el partido popular, mediante el que se concedió el servicio de gestión de aguas a dicha entidad por la vía de urgencia. El citado contrato recogía la posibilidad de compensar a la empresa concesionaria por las pérdidas de facturación, es decir, porque ésta no alcanzase los beneficios esperados, cláusula en la que se basa Aqualia para iniciar su demanda contra el ayuntamiento.
Desde que la empresa concesionaria, Aqualia, comenzase a prestar servicio no han cesado las exigencias de subida del recibo del agua como compensación por la insuficiente facturación obtenida, según una cláusula incluida en el contrato. Estas exigencias han llegado a alcanzar cifras de hasta el 50% de incremento en el recibo a la población. Ante esta actitud, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha mantenido la firme postura de no admitir ni aprobar tales subidas por considerarlas “injustas y no acordes a la realidad, además de causar graves perjuicios a las economías de las familias de Moguer y Mazagón”.
Por su parte, Aqualia inició procedimiento contencioso-administrativo el pasado 4 de febrero de 2015 reclamando la cantidad de 2,4 millones de euros, más los intereses de demora desde el inicio de la pretendida deuda. La empresa argumentaba dicho débito por errores en la facturación perjudiciales para sus intereses, que se habrían originado a partir de datos erróneos aportados por el Ayuntamiento sobre consumo en Ciparsa y comunidades de regantes. Además de esta subida Aqualia, solicitaba también en su demanda el incremento del precio del recibo según el IPC.
Desde el inicio del procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Moguer reconoció que no se había actualizado el IPC en el recibo del agua, obligación legal que ya está reconocida y resuelta, tras la actualización de dicho índice en el pasado pleno de septiembre, así como el compromiso de abono de los atrasos por este concepto.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene a rechazar las reclamaciones de Aqualia porque “… el contrato se firma a riesgo y ventura. Pretender que la administración corra con todos los riesgos parece excesivo.”, según consta en la misma sentencia. Por su parte, el alcalde de Moguer muestra su satisfacción con esta resolución ya que “lo que podría haber sido un grave perjuicio para el Ayuntamiento y para la ciudadanía de casi tres millones de euros, con lo que Aqualia nos lleva amenazando desde el inicio de la legislatura, se queda sólo en los atrasos por IPC en torno a doscientos mil euros”. En palabras de Cuéllar “Seguimos sufriendo las consecuencias de la mala gestión del partido popular con relación a la concesión del agua a una empresa privada en unas condiciones desfavorables claramente a los intereses municipales, que ha llegado a poner en peligro la propia estabilidad económica de este consistorio”.