La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado que la misión de observación al parque impulsada por Izquierda Unida tendrá lugar entre los días 19 y 21. Albiol y Maíllo se muestran confiados en que la experiencia sobre el terreno hará que se despejen todas las dudas y se asegure el futuro de este espacio protegido, patrimonio mundial de la UNESCO.
La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo,
Marina Albiol, y el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo,
se han mostrado confiados en que la visita oficial que un grupo de
eurodiputados de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara hará a
Doñana el próximo mes de septiembre servirá para “poner fin al proyecto de Gas
Natural” y “despejará todas las dudas sobre la necesidad de preservar y
recuperar” este espacio protegido patrimonio mundial de la UNESCO.
Dicha misión, impulsada por Izquierda Unida, tendrá lugar
entre los días 19 y 21 tal y como ha confirmado esta tarde la presidenta de
PETI Cecilia Wikstrom y Albiol formará parte del grupo de eurodiputados y
eurodiputadas que se desplacen a Huelva.
“Ha costado mucho trabajo pero hoy ya se puede decir que la
visita a Doñana es una realidad. Las trabas del PP, su clara apuesta por
defender los intereses de Gas Natural y no el medioambiente, no han podido
frenar esta misión en septiembre que esperamos pueda servir para poner punto y
final a los proyectos gasísticos”, ha comentado Albiol.
“En Izquierda Unida tenemos que estar orgullosos y orgullosas
por haber conseguido que el Parlamento Europeo venga al enclave de Doñana para
conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el parque. No tenemos dudas
de que esto ayudará a que desde Bruselas se exija al Gobierno del PP y también
a la Junta del PSOE soluciones inmediatas”, ha explicado Maíllo.
Han pasado ya cinco años desde que IU Huelva, a través del
hoy secretario de Organización de IU Andalucía, Francisco Javier Camacho,
presentara una denuncia en el Parlamento Europeo por la situación de deterioro
de Doñana y los peligros que suponían para el Parque los proyectos de
extracción, transporte y almacenaje de gas de Gas Natural Fenosa.
Dicha petición había quedado olvidada en un cajón hasta que
en la primavera de 2016 Albiol exigiera al secretariado de PETI tratar el tema
de Doñana de urgencia. Camacho acudió a Bruselas en julio de ese mismo año para
presentar su denuncia y reclamar la paralización del proyecto y Albiol ya
sugirió entonces la necesidad de enviar
una misión al Parque.
Camacho volvió a Bruselas en abril de 2017 -esta vez
acompañado por representantes de la plataforma Salvemos Doñana- para otro
debate en PETI y tanto él como Albiol pusieron sobre la mesa datos nuevos, como
el elevado riesgo sísmico avalado por un estudio de la Universidad de Huelva.
En aquella ocasión, la portavoz de IU en Bruselas comparó
la situación en Doñana con la del proyecto Castor y Camacho llegó a
preguntarse si la Eurocámara aceptaría colocar un almacén de gas en otros
sitios protegidos por la UNESCO como la catedral de Notre Dame en París, o la
Plaza de San Marcos en Venecia.
En septiembre de ese mismo año, acompañado de la eurodiputada
Paloma López, Maíllo se desplazó a Bruselas para
reunirse con el Director General de Medioambiente, Daniel Calleja, tras el
incendio que arrasó 8.486 hectáreas. El coordinador de IU Andalucía le
transmitió su preocupación por el grave estado de los acuíferos fruto de la
sobreexplotación agrícola y ganadera y le advirtió de que si a reforestación no
se hacía con especies vegetales que hicieran una labor ignífuga, en un periodo
de sequía como el que estaba atravesando el Estado español, podrían
reproducirse los incendios.
Entonces, Maíllo también lanzó la idea de la necesidad de que
hubiera una presencia permanente de la Comisión Europea en Doñana para
comprobar que los datos que reciben tanto del Gobierno de España, como de los
diferentes colectivos y organizaciones, se corresponden con lo que está pasando
sobre el terreno.
Unos meses más tarde, en diciembre, Albiol remitió
a Wikstrom el informe sobre Doñana del Defensor del Pueblo, en el que se
solicitaba al Gobierno que hiciera una evaluación conjunta de impacto
ambiental, tal y como venía reclamando IU desde el principio. Unas semanas más
tarde, ya en enero de este año, pidió a la Comisión Europea que obligara
al Gobierno a frenar el proyecto tras la publicación de un informe del
Instituto Geológico Minero que alertaba de que los riesgos de inundación en el
Parque Nacional son mayores de los que se habían previsto.
Finalmente, el pasado mes de marzo, Maíllo
y Camacho volvieron a acudir a la Eurocámara para la revisión definitiva de
la petición y, gracias a las presiones de Albiol, la comisión PETI accedió a
que se celebrara en el segundo semestre de 2018 la visita.
