Propuestas
para que la Comisión Nacional Tripartita sobre Flujos Migratorios afronte la situación
de desigualdad absoluta en la que viven y trabajan decenas de miles de mujeres
migrantes.
El
Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha exigido hoy propuestas concretas e
inmediatas ante a la reunión de la Comisión Nacional Tripartita sobre Flujos
Migratorios, que en el día de hoy, además de abordar las previsiones de
contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras, se tratarán los abusos
en los campos de frutos rojos de Huelva. El PCA ha exigido “acciones
inmediatas” ante hechos e informaciones “muy graves” que se han conocido en recogida
de frutos rojos que apuntan a presuntos abusos tanto laborales como sexuales en
el campo onubense.
En
una nota de prensa, la responsable del Área Feminista del PCA, Elena Cortés, ha
trasladado la preocupación del PCA con la posición que finalmente adopte la Comisión
Nacional Tripartita porque, a día de hoy existe, “opacidad de las empresas y
gobiernos que median e intervienen en la contratación de las mujeres migrantes en
los países de origen”.
El
PCA entiende que se están usando criterios de selección “propios de las redes
de trata de personas con fines de explotación” que junto a “las coacciones
personales y económicas para garantizar la inclusión de las trabajadoras en los
contingentes” nos lleva a un modelo que “que viola y atenta contra de los
derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos laborales y lo
hace en complicidad con redes criminales”.
Propuestas
Ante
esta situación, el PCA exige el cumplimiento de las leyes laborales, de
igualdad y contra la violencia de género, “habida cuenta de la situación de
desigualdad absoluta en la que viven y trabajan decenas de miles de mujeres
migrantes” durante varios meses al año en la agricultura andaluza.
Asimismo,
Cortés señala que deben abordarse “cambios en los criterios de selección de las
trabajadoras y en las condiciones de vida y de trabajo a lo largo de su periodo
de trabajo” y para ello ha exigido el cumplimiento de los derechos humanos de
las mujeres y del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres.
La
responsable del Área Feminista del PCA apunta a la necesaria exigencia que debe
hacerse a los gobiernos de los países de origen para que apliquen los mismos
criterios de contratación que en España; así como una absoluta transparencia en
todo el proceso.
Por
último, Cortés ha pedido “sanciones” a empresas “cuyas prácticas sean
caracterizadas por nuestro ordenamiento jurídico como redes de trata con fines
de explotación”.
Convenio
del campo
Más
allá de estas cuestiones, desde el PCA se muestra preocupación por la situación
del convenio del campo y la situación de los trabajadores y trabajadoras
sujetas al régimen agrario toda vez que, a día de hoy, existe “un incumplimiento
reiterado del convenio por parte de muchas empresas y actividades fraudulentas
de algunas de estas empresas”.
Así,
el secretario político del PCA en Huelva, Rafael Sánchez Velo, apunta a la
existencia de “fraude en la contratación, trato discriminatorio hacia las
trabajadoras y oscurantismo en cuanto a la situación de las mismas”.
Según
ha explica Sánchez Velo, el sector del campo hoy se caracteriza en Andalucía y
en Huelva “por los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la práctica
imposibilidad de representación sindical en la mayoría de los casos y, por
tanto, por la ausencia de defensa colectiva de los derechos”.
Con
todo ello, Sánchez Velo señala que los debates y las decisiones de la Comisión
Nacional Tripartita sobre Flujos Migratorios “son fundamentales para aportar
soluciones” y, por tanto, “esperamos que supongan un antes y un después para
poner fin a la sobre explotación de los trabajadores y trabajadoras del campo”.
Política
Agraria Común
Otra
propuesta que el PCA eleva para la mejora de la situación del campo andaluz
pasa por la exclusión en las ayudas Política Agraria Común (PAC) de aquellas
empresas en las que se han dado y se dan abusos e irregularidades, sean
sexuales, de derechos humanos y/o laborales, “con independencia de que se hayan
dado por falta de control o con conocimiento de los hechos, siempre y cuando
exista sentencia judicial firme o sanción por parte de la inspección de trabajo
en ese mismo sentido”.
Asimismo
el PCA propone “dotar de recursos suficientes a la inspección de trabajo para
cumplir su labor e impulsar la puesta en marcha y mantenimiento de campañas de
inspección específicas en el sector agrario”. Todo ello, con el objetivo
principal de establecer “control y seguimiento de los derechos de los y las
trabajadoras por parte de las empresas de trabajo temporal y empresas de
servicios agrícolas”, así como el cumplimiento del Convenio Colectivo del
Campo.
Por
último, el PCA señala la necesidad de modificar la legislación del Régimen de
Trabajo Agrario, “a fin de posibilitar un sistema de contratación igual que el
del resto de sectores productivos”, así como “la modificación de la normativa
electoral sindical para que los trabajadores eventuales del régimen agrario
puedan votar y ser elegidos y elegidas como delegadas sindicales”.
