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| Temporeras recogen fresas en una finca de Huelva. |
En las últimas semanas se ha producido
una situación de alarma social con los abusos sexuales y coacciones a
trabajadoras del campo, como centro del debate político y social en la
provincia de Huelva. Mediante este comunicado queremos profundizar en una serie
de ideas que consideramos clave para establecer alternativas frente a esa lacra
que supone la explotación en sus numerosas formas, y que siempre sufrimos las
trabajadoras y trabajadores.
Lejos de la cuestión sobre la
generalidad o no de estos hechos, su veracidad, las “afrentas al honor” de la
patronal del sector o de los cruces de acusaciones a cerca de las
responsabilidades, lo cierto es que ésta es una situación de la que ya que se
hablaba en multitud de espacios informales desde hacía tiempo; es decir, la
sociedad onubense era conocedora de que algo ocurría, pero nunca terminaba de
saltar al ámbito del debate público, bien porque nunca había pruebas y/o porque
nadie lo denunciaba. Así las cosas, la primera cuestión que debemos plantear es
que este debate no solo debería darse en Huelva, sino en el conjunto del
estado, y en el que sin lugar a dudas estaremos siempre del lado de las
trabajadoras que defienden sus derechos laborales y denuncian posibles abusos
sexuales.
No vamos a hacer una retahíla
cronológica de los ocurrido, los medios ya se han encargado de hacerlo, tampoco
vamos a interferir con el trabajo de las asociaciones y organizaciones
sindicales a la hora de poner fin a este tipo de abusos, ni a decirle a las
instituciones lo que tienen que hacer, más allá de exigir que depuren las
responsabilidades a las que den lugar las investigaciones en curso y otras que
se puedan abrir. Pero si que queremos hacer un llamamiento a que todos y todas
hagamos un ejercicio de responsabilidad, desde instituciones públicas hasta
partidos políticos, pasando por sindicatos, empresas, etc… ya que la defensa de
un sector tan importante para la economía y el empleo de la provincia no puede
suponer que se tapen situaciones de abuso, ni ocultar unas relaciones laborales
que, en no pocos casos, se mueven en los límites de la legalidad cuando no
abiertamente al margen de ésta. No es admisible que echemos balones fuera, como
muchos han hecho, por algo tan serio, porque al frivolizar sobre esta cuestión
estamos mostrando síntomas de una enfermedad social crónica: anteponer la
demagogia sobre la imagen de una provincia frente a los derechos laborales y
sexuales más básicos de cualquier persona. Por tanto la segunda cuestión a
plantear es la de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y
laborales frente a las estrategias comerciales de un sector económico ¿Cuál es
la prioridad? ¿Está el beneficio individual por encima de la dignidad de los
seres humanos?
Que la fiscalía investigue, que las
instituciones y las organizaciones sociales pongan los medios para acabar de
una vez por todas con esta lacra; es necesario proteger a las trabajadoras y
trabajadores frente a estos abusos, con más inspecciones de trabajo y
sanciones, con más fondos para proyectos de integración y asesoramiento,
eliminando intermediarios privados en la contratación (como ETTs y manijeros en
el origen), acercando a las trabajadoras a los núcleos urbanos para acabar con
su aislamiento, con mejores convenios y salarios, etc… Se trata de medidas que
solventarían la situación, pero nuevamente sería una posición cortoplacista, y
cuando las administraciones relajaran su actitud volvería a ocurrir estos
hechos, y es por eso por lo que tenemos que tener más miras. Por tanto, la
tercera cuestión a plantear es que las soluciones a estos problemas deben pasar
por una doble vía, dar una solución coyuntural al problema, en la que están
trabajando camaradas desde distintos ámbitos, pero también establecer formas de
terminar con el problema de raíz. Por eso buscamos las causas en el fondo del
debate público, en todo aquello que está ahí pero que no se ve aparentemente y
que se resume en que la ley del mercado no puede ser la ley que determine las
relaciones sociales, ni en el campo ni en ningún otro lugar.
Los trabajos en España se han
convertido en parodias a la española del salvaje oeste: porque los trabajadores
y trabajadoras, sean del campo, o de cualquier otro ámbito, están sometidas a
condiciones de explotación laboral y personal previas al siglo XX, sometidas en
muchas ocasiones a coacciones, a ser contratadas en función de si una
trabajadora o trabajador está dispuesto a acceder a favores sexuales, a dejar
que le paguen una miseria por incontables horas de trabajo, o a no ejercer sus
derechos adquiridos. A eso en nuestro país siempre se le ha llamado explotación
y la ley lo permite porque los partidos que han gobernado se han vendido a la
patronal a cambio de favores y de mirar para otro lado, amparados por un
entramado de corrupción escandaloso: esto es una auténtica vergüenza para
Huelva, Andalucía y España. Seamos claras, en el campo y en otros muchos
sectores, la producción es ineficiente bajo la propiedad de quienes se niegan a
mejorarla y a mejorar las condiciones de trabajo; recordemos que la situación
era distinta cuando los trabajadores y trabajadoras teníamos unidad, éramos
solidarias entre nosotras mismas, y la patronal y el gobierno se lo pensaban
muy bien antes de tocar uno solo de los derechos que habíamos peleado. Y así,
la cuarta cuestión a plantear es que es preciso acabar de una vez por todas con
el discurso de que el trabajador y el empresario van de la mano, ya que en
muchísimos casos el lujo de unos supone la miseria de la clase trabajadora. A
muchos de estos señores solo les interesan dos cosas: ganar dinero rápido sin
importar las consecuencias y dejar claro quiénes son los que mandan.
La clase trabajadora onubense, andaluza
y española no puede esperar más, o el estado actual pone soluciones de raíz a
estos problemas, o las pondrá el pueblo; es preciso blindar la agricultura
andaluza frente a la explotación laboral y a la violencia patriarcal, pero
también frente al monopolio de las multinacionales del sector, que secuestran
nuestros campos y especulan con nuestra comida, gracias al control de los
canales de distribución y comercialización. Pero sobre todo es preciso y
urgente generar empleo digno y de calidad para todos y todas. Así las cosas,
queremos concluir afirmando que en el Partido Comunista tenemos las cosas
claras: o empezamos a tomarnos en serio los derechos y obligaciones laborales
como parte fundamental de la dignidad de las personas, a planificar la economía
y a hacer circular la riqueza hacia quienes la producen, que somos los
trabajadores y trabajadoras, o este país se volverá a convertir en el coto
privado de caza de unos cuantos oligarcas.