Pedro Jiménez, portavoz IU Diputación Huelva. |
En el sistema educativo público de la
provincia de Huelva trabajan actualmente en torno a un millar de personas que
dependen de empresas privadas y que prestan sus servicios en los centros de
enseñanza pública. Izquierda Unida ya ha alertado en varias ocasiones sobre
esta situación por la que se somete a condiciones laborales, cada vez más
precarias, a casi la mitad el personal no docente de la Educación Pública
onubense, que supone un colectivo de unas 2.000 personas en total. Esta
situación también han sido denunciada repetidas veces por la Federación de
Enseñanza de CCOO en Huelva, además de más carencias que afectan al sistema
público educativo onubense.
Por ello, el portavoz de Izquierda
Unida en la Diputación, Pedro Jiménez, va a defender en el Pleno Provincial,
del próximo miércoles una iniciativa en la que exige la reversión de este
proceso privatizador con el que el gobierno de Susana Díaz en la Junta de
Andalucía “pretende seguir privatizando
los servicios educativos y precarizando al personal que trabaja en
ellos, repartido en los 380 centros públicos onubenses”. Jiménez reivindica que
todo este personal tiene derecho a trabajar directamente para la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, en lugar de como lo hacen para las empresas
privadas subcontratadas, en las que la Junta se está gastando más de veinte
millones de euros al año en la provincia de Huelva.
Izquierda Unida defiende una educación pública
y de calidad, frente al PSOE susanista que sólo pretende enriquecer a empresas
privadas, en las que se somete a su personal a condiciones laborales cada vez
más precarizadas y a las que sólo les interesa obtener beneficios y no
garantizar una atención de calidad de los servicios que prestan como se merecen
las familias que tienen a sus hijas en hijos en centros educativos públicos.
Jiménez añade que “tenemos graves
ejemplos de esta deriva privatizadora en los centros educativos públicos como
ha sido el desmantelamiento de los comedores escolares públicos, cuya gestión
ha sido paulatinamente sustituida por empresas de catering, en vez del personal
público que debería seguir llevándolos”.
Otro ejemplo de esta nefasta política
privatizadora que el PSOE andaluz ejecuta sin rubor alguno es el caso ocurrido
en el inicio de este curso escolar en el Colegio de educación especial Sagrada
Familia de Huelva en el que una baja por enfermedad ha sido cubierta por
personal de una empresa privada y no recurriendo a procedimientos de cobertura
de bajas con personal laboral de la Junta.
La defensa del sistema educativo
público, que el PSOE está desmantelando progresivamente, es uno de los
objetivos que Adelante Andalucía tiene en sus propuestas de gobierno, con la
finalidad de garantizar los derechos tanto del personal que trabaja en los
centros educativos como del alumnado.