La portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida manifiesta que “sigue siendo necesario
salir a la calle hasta llegar a un acuerdo”
La portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica
Rossi, ha acudido este lunes a la concentración promovida por la Plataforma por
las Pensiones Dignas de Huelva donde se ha vuelto a reivindicar, por parte del
colectivo de afectados, una serie de mejoras en torno al Pacto de Toledo y que
pasan “inexcusablemente” por la vinculación del IPC a la subida de las
retribuciones para los y las pensionistas.
Rossi ha
recordado que desde Izquierda Unida “siempre hemos estado al lado de los
pensionistas onubenses” y además “seguimos dispuestos a seguir luchando hasta
que se alcance un acuerdo ya que coincidimos al cien por cien con sus
reivindicaciones”.
La portavoz
del Grupo Municipal de IU ha alabado el “empuje” y el “espíritu batallador de
los pensionistas onubenses” que “una vez más han demostrado su férrea voluntad
de cambiar las cosas en la calle y dando ejemplo a otras generaciones sobre las
fórmulas para alcanzar la justicia social”.
Mónica Rossi
ha señalado también la necesidad de rebajar “la brecha de género de las
pensiones” que a nivel nacional se sitúa en el 22% y ha considerado la
necesidad de establecer políticas proactivas que permitan normalizar la
situación.
Por ello,
Rossi confía en que las políticas de Adelante Andalucía sirvan para poner el
freno a los conceptos de derechas que han propiciado esta situación de
“injusticia” y que pueden mermar el poder adquisitivo de un grupo de población
vulnerable si no se ponen las soluciones necesarias.
Para poder
mantener el factor de crecimiento de las pensiones de manera que se puedan
garantizar las retribuciones públicas en el futuro, Izquierda Unida propone
medidas como incentivar la creación de empleo juvenil, combatir la economía
sumergida, eliminar los topes máximos de cotización y acercarse a la
proporcionalidad de la cotización con los salarios reales, además de combatir
radicalmente la práctica de despedir a los 11 meses para, en fraude de ley,
hacer que el mes de vacaciones lo pague el Servicio Público de Empleo.
