MESA DE LA RÍA TACHA DE “TRAMPOSAS” A LAS EMPRESAS DEL POLO QUÍMICO QUE FALSEAN SUS DATOS
La organización cuestiona la legalidad de las emisiones por la alta incidencia de enfermedades
Tras conocer la noticia sobre el traslado de la investigación de la falsificación de emisiones de mercurio en Huelva al Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer, Mesa de la Ría ha definido a estas empresas como “tramposas”, empresas que “falsean datos”.
Tras conocer la noticia, el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha asegurado que “no es normal que, si las emisiones siempre han estado dentro de la legalidad, Huelva aparezca una y otra vez como el lugar con mayor incidencia de enfermedades como el cáncer y de tipo respiratorio.” Gavilán cree que estos comportamientos por parte de las empresas “llevan a pensar mal y que se evidencian con estos procedimientos judiciales”.
El portavoz de Mesa de la Ría ha recordado que esta denuncia ambiental partió de un trabajador de la propia empresa, quien la planteó ante la Audiencia Nacional por tratarse de una tónica habitual en otras factorías ubicadas el territorio nacional. Todo comenzó en 2017, con el objetivo de investigar presuntas irregularidades cometidas por empresas dedicadas a la producción de cloros. Las averiguaciones concluyeron que los vertidos y emisiones del mercurio que se utilizaron pudieron haber contaminado a la atmósfera y al subsuelo, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores que entraron en contacto con la sustancia.
Para Mesa de la Ría “la investigación ha continuado, ha sido una labor ardua, una labor muy compleja y que ha derivado con ese traslado al juzgado de Moguer”. Rafael Gavilán opina que la demora es fruto de esa “investigación escrupulosa”, aunque confía en que se “alcanzará un resultado satisfactorio”.
Por otro lado, cabe recordar que el cambio del sistema de producción de esta fábrica (Electroquímica Onubense antigua Ercross), que consistió en la eliminación de las celdas de mercurio por otro de membranas, ha sido costeado con fondos públicos, ya que en 2017 la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, le concedió una subvención de más de tres millones de euros para tal fin, es decir, “en lugar de exigir a las empresas del Polo que cumplan con la legalidad en materia de emisiones, les pagamos con dinero público el coste necesario para que dejen de contaminar”, ha manifestado Rafael Gavilán.
