·
Los diputados de
Adelante Andalucía María Gracia González y Diego Crespo, de Huelva y Almería
respectivamente, llevan pidiendo “actuaciones concretas desde hace un mes” para
paliar la “situación inhumana” en la que viven los migrantes en estas
provincias
·
“Urge una alternativa
habitacional”, medida que “no se recoge específicamente en el decreto ley”, así
como “erradicar los asentamientos de una vez por todas” ante esta crisis
sanitaria
 |
| María Gracia en el Parlamento de Andalucía |
Adelante Andalucía ha manifestado este viernes que las medidas recogidas en el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz para actuar sobre asentamientos de migrantes debido a la crisis del Covid 19 “llegan tarde y siguen dejando en peligro por contagio de coronavirus a esta población tan vulnerable”. El decreto ley recoge ayudas extraordinarias por casi 2,3 millones de euros para paliar la situación extrema de las personas que “malviven en asentamientos sin ninguna red de saneamiento” de Huelva y Almeríaa raíz de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.
Así, tanto la diputada por Huelva, María Gracia González, como el
diputado de la formación en la provincia de Almería, Diego Crespo, han señalado
que llevan“un mes pidiendo actuaciones concretas” en las dos provincias, de las
cuales se han llegado a poner en marcha solo unos pocas que, aunque
bienvenidas, “son claramente insuficientes y han constituido un parche ante una
realidad inhumana”, que se ha visto agravada por la crisis sanitaria y el
estado de alarma. Realidad que la Junta de Andalucía reconoce en el decreto ley
como “asentamientos establecidos en el tiempo y que son colectivos vulnerables”
a los que, sin embargo, “se les ofrece soluciones incompletas y puntuales”.
De esta forma, “en Almería solo las ONGs han aportado alimentos y
material de higiene”, ha indicado Crespo, para subrayar que“las diferentes
instituciones no han hecho absolutamente nada”.
Por su parte, González ha destacado que “en Huelva la UME se limitó a
informar con audios a la población que vive en las chabolas de la situación de
crisis”. También ha señalado que “ha habido más implicación sobre todo de
ONGs”, además de la Diputación Provincial y algunos ayuntamientos que se han
preocupado de cuestiones básicas como “la alimentación y reparto de agua en
camiones cisternas”, esto último “tras muchos días” en los que esta población,
mayoritariamente migrante, “tenía que ir a buscar el agua a kilómetros de
distancia”.
Por todo ello, los dos parlamentarios han enfatizado que “urge una
alternativa habitacional” que reúna “los requisitos mínimos para vivir con
dignidad”, así como que “los asentamientos sean erradicados de una vez por
todas”, sobre todo a raíz de estar inmersos en una crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes, que “hace insostenible la situación para la
población que vive en estas infraviviendas”.
Además, Crespo ha subrayado que en una crisis sanitaria de esta
envergadura las cuarentenas por posible contagio “se van a estar reproduciendo
previsiblemente durante dos años”, por lo que “se hace vital generar unas
infraestructuras estables en el tiempo y no puntuales”, con redes básicas de
saneamiento de agua y luz para hacer frente “con seguridad” a la pandemia.
Asimismo, “es necesario la regularización de estas personas en su
totalidad”, ha remarcado González, para que además “puedan acceder a un
alquiler”, demanda que la formación lleva exigiendo desde hace tiempo a las
instituciones competentes. De hecho, estos trabajadores, al no tener regulada
su situación “no podrán acceder a la renta mínima de emergencia” que está
preparando el Gobierno central para paliar los efectos económicos de la crisis
del coronavirus en los colectivos más vulnerables.
Así las cosas, la parlamentaria onubense ha lamentado que en el decreto
ley “no se recoja de forma específica ninguna medida para trasladar a esta
población a recursos como pabellones deportivos, centros escolares, residencias
y hoteles”. Espacios cerrados actualmente y que las autoridades están
legitimadas para intervenir debido al estado de alarma.
Son los ayuntamientos los que tienen que solicitar estos fondos y los
encargados de gestionarlos, fondos a los que podrán cargar los gastos derivados
de esta situación desde que comenzó el estado de alarma, por lo que Crespo
también ha exigido “transparencia” en la gestión de las ayudas, ya que los
ayuntamientos tienen que justificar su actuación en un 60 por ciento y, sino,
tienen que devolver el 100 por 100”, y si es más del 60 por ciento, “tienen que
devolver la diferencia”.
Se trata de un total aproximado de 11.000 personas migrantes que
malviven en chabolas y estructuras semi derruidas y sin redes de saneamiento
básicas repartidas en los asentamientos de las localidades de Moguer, Palos de
la Frontera, Huelva, Lucena del Puerto y Lepe, en el caso de la provincia
onubense, y de Níjar, Vícar, El Ejido, Roquetas de Mar, Antas y Cuevas de
Almanzora, en Almería.
Esta cifra es la suma de los aproximadamente 4.000 temporeros que viven
en Huelva y los 7.000 que están en Almería, según los datos aportados por ONGs
y asociaciones de colectivos de migrantes. Sin embargo, la Junta, para aprobar
las ayudas por casi 2,3 millones de euros,ha tenido en cuenta la mitad del
número de seres humanos en esta situación, que “realizan una labor esencial
para la sociedad” como es ser la mano de obra de las
distintas campañas agrícolas que se llevan a cabo en estas provincias y que han
venido sustentando la economía andaluza.
