Más de 850.000 familias,de las que más de 200.000 son andaluzas, más de 2,3 millones de personas, recibirán ayudas que oscilan entre los 462 y los 1.015 euros mensuales, con un montante total de más de 3.000 millones de euros. Esta medida de “justicia social”, además de servir para ayudar a las personas que necesitan recursos para salir adelante, supone una inyección económica imprescindible para la reactivación económica, ya que se gastarán principalmente en el consumo cercano, lejos de la especulación y los paraísos fiscales a los que fueron a parar los millones de euros que se entregaron por el rescate bancario de 2008.
El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, señala que para la provincia de Huelva, que ya tenía casi al 40% de su población en riesgo de exclusión social antes de la crisis del Covid-19, el Ingreso Mínimo Vital resulta “extremadamente necesario” ante el incremento diario de familias que tienen que recurrir a la ayuda humanitaria para alimentarse.
El Ingreso Mínimo Vital podrán solicitarla personas entre 23 y 65 años o hasta los 18 años si es con hijos a cargo que tengan unas rentas que oscilen como máximo entre los 5.538 y los 12.184 euros y que lleven al menos tres años constituidas como hogar propio, aunque habrá excepciones como en casos donde se tenga a menores a su cargo, sean solicitantes de asilo o hayan sido víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, al tratarse de colectivos especialmente afectados por la pobreza.
Las ayudas se podrán solicitar a partir del 15 de junio y se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes se aprobará automáticamente la prestación a 100.000 hogares ya identificados que cumplen los requisitos sin que sea necesario que la soliciten..
Las solicitudes se realizarán preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, aunque se estudian otras vías en las que los ayuntamientos y las entidades solidarias puedan colaborar para que el Ingreso Mínimo Vital llegue a todas las personas que lo necesitan.
Además, esta renta social será compatible con los trabajos que puedan desempeñar sus beneficiarios y que por culpa de la altar precariedad y los bajos salarios, como los que sufren la clase trabajadora onubense, no alcancen el umbral establecido para tener derecho a percibirlo.
