Desde el PCA en Huelva queremos manifestar nuestro rechazo a los abusos horarios que se dan en el sector turístico, contra los trabajadores y trabajadoras, por parte de algunas empresas del sector. Animamos a los mismos a acudir a su sindicato y/o a denunciar estas prácticas ante la Inspección de Trabajo, que dispone de un servicio de denuncia anónima.
La caída de la facturación en el sector turístico, a consecuencia de la crisis sanitaria, ha traído una disminución de contratos en el sector, pasando de 11.521 contratos en Julio de 2019, a 7284 en Julio del presente año. Sin embargo, según podemos estimar, esta caída en el número de contratos no ha traído consigo una reducción proporcional de la carga de trabajo, ya que se están produciendo abusos horarios entre los trabajadores y trabajadoras contratados, supliendo horas de trabajo que debían ser cubiertas con más contratos. Esta es una práctica que se da año tras año, con la que las grandes empresas del sector pretenden ahorrarse los costes que suponen contratar más personal.
Queremos resaltar que estas prácticas, continuamente denunciadas por los sindicatos, no solo constituyen un abuso contra los trabajadores que las padecen, sino también un golpe contra aquellos trabajadores y trabajadoras que necesitan de esos puestos de trabajo para sacar adelante a sus familias, pero que este año no contarán con esos ingresos. Además, suponen un fraude a la Seguridad Social y a la sociedad en general, además de producir un daño terrible a la economía de la provincia de Huelva.
El contraste con esto, a pesar de la caída de ingresos en 2020, las grandes empresas del sector turístico han obtenido grandes beneficios en años anteriores. Por ello, en vez de abusar de los empleados y empleadas que ya tienen, deben contribuir a reactivar la economía incrementando la contratación, ya que queda patente que necesitan más personal, siempre que no se encuentren en situación de ERTE.
Potenciar una economía basada en un sector que emplea cada año al 10% de los trabajadores y trabajadoras onubenses, pero que en cambio solo convierte en indefinidos el 2% de los contratos celebrados cada año, implica asumir que la clase trabajadora de nuestra provincia debe resignarse a la temporalidad, a los bajos salarios y a los abusos de las empresas.
Por ello es preciso que las administraciones con competencias en economía y empleo, además de incrementar las inspecciones de trabajo y derogar el marco normativo que permite los abusos de este tipo (reformas laborales), se planteen que las inversiones deben dirigirse hacia sectores que traigan puestos de trabajo estables y de calidad, interviniendo en la economía para definir qué tipo de empresas se instalan en nuestro territorio y garantizando que éstas cumplen con unos estándares de calidad y dignidad en el empleo.
