Ayer jueves, 26 de
noviembre, la Asociación Multicultural de Mazagón presentó una denuncia, en el
Juzgado de Moguer, contra el alcalde de Lucena, D. Manuel Mora por el derribo
de chabolas y por negarse a empadronar a los inmigrantes en las chabolas donde
tienen su residencia.
El día 8 de octubre,
miembros de la Asociación Multicultural de Mazagón fuimos testigos de la
demolición de una chabola ubicada en el terreno forestal público de titularidad
municipal llamado Madrona y Valpajoso de Lucena del Puerto. Fue realizada por
una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento y utilizaron una excavadora para
demoler una chabola que estaba cerrada con una puerta y tenía muebles, comida,
ropa y pertenencias personales de sus cuatro moradores.
La demolición de
chabolas en los asentamientos de inmigrantes de Lucena del Puerto no es una
práctica nueva. Tenemos constancia de la demolición de, al menos, dos decenas
de chabolas en el mes de junio de este año. Y a partir del 8 de octubre, el
Ayuntamiento de Lucena ha seguido demoliendo diariamente los únicos techos con
los que cuentan los trabajadores inmigrantes.
Entendemos que los
derribos de infraviviendas no se pueden realizar sin un permiso judicial, sin
la tramitación de un expediente administrativo y sin comunicarlo a los
interesados. A pesar de solicitar por escrito al Ayuntamiento el permiso
judicial, nunca nos contestaron. Es más, el Ayuntamiento tiene un censo de
chabolas perfectamente identificadas con números, nombre de las personas que
viven en ellas, teléfonos, nacionalidad y otros datos. Y si no comunica a los
moradores es porque no tiene ningún interés en hacerlo.
Al tratarse de monte
público, le compete, en cualquier caso, a la Administración forestal la potestad
de investigación y recuperación de la zona previa tramitación de expediente.
La actuación del
alcalde ante la ausencia puntual de las personas, dado que son temporeros pero
que pasan la mayor parte del año en los asentamientos, puede constituir un delito
de prevaricación, ya que aprovecha la ausencia puntual de los moradores para
demoler las chabolas.
En Huelva sabemos que la única alternativa
habitacional que tienen los trabajadores inmigrantes son los asentamientos de
chabolas. Por una parte resulta imposible el alquiler de viviendas. En primer
lugar porque no hay un parque suficiente de viviendas para el número de
trabajadores que se concentra en la temporada de recolección de los frutos y,
por otra, la reticencias de la población autóctona a alquilar sus casas a los
extranjeros.
A nadie se le puede ocurrir, como se repite
desde algunos ámbitos públicos, que algunos extranjeros no quieren pagar
alquiler y, por eso, viven en chabolas. Nadie en su sano juicio haría una
afirmación de ese tipo. Vivir en un asentamiento sin agua, sin electricidad,
sin ningún tipo d servicio básico y rodeado de basura es un drama a todas
luces.
No en vano, el Relator
Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU Philip Alston, de visita por España a principios de
año, declaró que las condiciones materiales de los asentamiento de la provincia
de Huelva se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo.
También se refirió a las “condiciones laborales sin escrúpulos que prevalecen
en la zona.
Por otra parte resulta muy curioso el afán del
alcalde de limpiar el monte público derribando chabolas, cuando ese afán de
limpieza no se traslada, ni de lejos, con la misma intensidad a otras
ocupaciones del monte público. Todo lo contrario, el alcalde ha manifestado la
necesidad de mantener dichas ocupaciones como edificaciones agrícolas, pozos o
balsas de riego (
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-junta-da-luz-verde-mantenimientoinstalaciones-agricolas-montes-publicos-lucena-puerto-huelva-20200717163703.html
), información que, posteriormente sería desmentida.
Respecto al
empadronamiento, el alcalde de Lucena se niega a empadronar a los habitantes de
las chabolas a pesar de lo que dicta la ley que recoge la obligatoriedad de los
municipios a empadronar a las personas que viven en el mismo independientemente
de las controversias jurídico- privadas sobre la titularidad de la vivienda.
También es independiente de las condiciones higiénico sanitarias de la vivienda
o infravivienda.
Desde nuestra asociación entendemos que todos estos hechos que se extienden en mayor o menor medida al resto de municipios con asentamientos en sus términos municipales, constituyen una actitud de racismo institucional y de incumplimiento de los derechos más básicos de los seres humanos.
