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| Rafael Sánchez Rufo |
Izquierda Unida ha llevado al Parlamento Andaluz una PNL con la que reclama al gobierno de la Junta de Andalucía la aplicación urgente de un fondo de rescate destinada a pequeñas empresas y profesionales autónomas y autónomos que en la provincia de Huelva supondría la inyección de unos 90 millones de euros destinada a hacer posible que “miles de familias onubenses puedan mantener los negocios de los que dependen su sustento y se frene la continua destrucción de empleo que sufrimos en toda la provincia de Huelva, agudizada por las medidas restrictivas y los confinamientos locales para luchar contra los contagios de Covid-19 entre la población”, según explica el Coordinador Provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo.
El fondo de rescate que reclama Izquierda Unida para las pequeñas empresas y las autónomas y autónomos asciende a un total de 1.000 millones para toda Andalucía y “sería la primera ayuda directa que realizaría el ejecutivo de Moreno Bonilla desde el inicio de la pandemia, ya que hasta ahora sólo ha destinado fondos para “estos sectores, de los que depende la mayor parte del empleo de la provincia onubense” aportadas exclusivamente por el Gobierno central y por Fondos Feder provenientes de la Unión Europea. “Es inconcebible que mientras el tejido empresarial que conforman los pequeños negocios, las pymes y el sufrido colectivo profesional de las autónomas y autónomos, ven como en sus trabajos sufren cada vez más pérdidas, la Junta de Andalucía se haya limitado a repartir para toda Andalucía una cantidad total que no alcanza los 126 millones de euros, aplicando una absurda y agresiva política de austericidio, al no querer destinar los enormes recursos propios de los que dispone para salvar de la crisis a miles de familias que lo están pasando muy mal”, señala Sánchez Rufo. Aquellas “limitadas e insuficientes” ayudas ni se vincularon al necesario mantenimiento del empleo, se dieron indiscriminadamente sin valorar quienes estaban acumulando más pérdidas y se quedaron en tan sólo mil euros por beneficiado, dejando a más de 15.000 solicitantes fuera por agotarse.
Por ello, Izquierda exige al gobierno de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de este fondo de rescate que se deberá articular mediante una convocatoria abierta de ayudas directas con cuantías que oscilarán entre los 1.000 y los 2.500 euros mensuales, atendiendo a la situación y las necesidades de los solicitantes y estando vinculadas obligatoriamente al mantenimiento del empleo. El requisito para recibir estas ayudas a la conservación de los empleos es “indispensable en una provincia como la de Huelva donde los altos índices de paro que ya se daban antes de la pandemia se han disparado, poniendo en peligro la subsistencia de miles de familias, con cifras superiores a las 60.000 personas sin trabajo, siendo más de la mitad mujeres y donde sin el mantenimiento de los ERTES y las ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital, estaríamos en una situación de auténtico debacle económico y social”, precisa Sánchez Rufo.
Mientras, las medidas restrictivas y las limitaciones a las actividades económicas no esenciales “no pueden evitar tener consecuencias extremadamente negativas sobre los colectivos más vulnerables y el fundamental tejido productivo de los pequeños negocios, el ejecutivo presidido por Moreno Bonilla (PP y Ciudadanos) amasa cada vez más dinero en las arcas de la Junta de Andalucía que no llega a la sociedad cuando más falta hace”, denuncia Sánchez Rufo. La Junta ha acumulado en 2020 un superávit de 688 millones de euros, mientras sigue sin tocar un fondo de reserva de 450 millones de euros, a lo que se suma los 1.880 millones de euros que va a recibir Andalucía de la Unión Europea para medidas de reactivación económica. “El gobierno andaluz tiene fondos más que suficientes para salvar a la población de las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia, para incrementar los recursos sanitarios y para que el paro deje de dispararse en nuestra tierra, sin embargo Moreno Bonilla anda aletargado en una política de propaganda continua, sin poner nada de su parte, por lo que esperamos que no se niegue a esta demanda de ayuda a las familias que lo están pasando tan mal por culpa de su racanería”, concluye Sánchez Rufo.