Desde el PCA en Huelva queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas por el incendio sucedido recientemente en el poblado de Palos de la Frontera, y exigimos al Ayuntamiento del municipio y a la Junta de Andalucía soluciones inmediatas para hacer frente a esta tragedia y la activación de los recursos necesarios para realojar a estas personas.
Este incendio pone nuevamente de manifiesto el grave problema de infravivienda que sufren muchos y muchas trabajadoras migrantes, que nuestra tierra lleva arrastrando décadas. En esta ocasión se trata de una tragedia provocada por las condiciones infrahumanas a las que se ven abocadas muchas personas, que en este caso ha dejado en la calle a más de 400 trabajadores y trabajadoras, al arder las chabolas en las que se alojaban. Pero anteriormente hemos vivido episodios similares en Lepe, Don Domingo, Níjar y un largo etcétera de asentamientos a lo largo y ancho del país.
Esto recuerda a esos sucesos en los que arde una vivienda, por problemas asociados a la incapacidad para afrontar el pago de la factura de la luz, o la existencia de instalaciones eléctricas o de gas, obsoletas, y que las familias no pueden reparar por falta de recursos.
A menudo ninguneada por las distintas administraciones, utilizada por las empresas como mano de obra barata y usada por la ultraderecha como chivo expiatorio, la clase obrera migrante necesita la igualación de los derechos que asisten a cualquier persona que cumple con sus obligaciones.
Hablamos de personas que llevan años trabajando en nuestro país y que solo buscan poder acceder al alquiler de una vivienda. Sin embargo, los discursos de odio lanzados desde el poder económico y la derecha han calado en la población y muchos trabajadores/as acaban encontrándose con el rechazo y las puertas cerradas. Pero por si esto fuera poco, muchos gobiernos municipales impiden el empadronamiento de estas personas, situándolas en situación de alegalidad involuntaria, dificultando aún más la búsqueda de un techo digno y dando una imagen errónea de la persona migrante.
Sabemos que las administraciones en manos de la derecha no van a mover un solo dedo para garantizar el derecho a la vivienda de ningún trabajador o trabajadora, ni de este país ni procedente de otro. Por eso es necesario que los trabajadores y trabajadoras nos apoyemos y utilicemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición para luchar por unos derechos básicos.
En este caso concreto, la urgencia dicta que debemos exigir a las administraciones el realojo de estos compañeros y compañeras, que se encuentran a la intemperie. Pero el sentido común nos dice que la lucha por el derecho a acceder a una vivienda es una batalla que nos atañe a todos y a todas. Bajo nuestro parecer, si hoy ayudamos a estos compañeros y compañeras, mañana los tendremos a nuestro lado para luchar por los mismos derechos, porque no seremos ellos o nosotros, sino simplemente una clase trabajadora. Por tanto, si ignoramos el ruido de quienes nos quieren ver enfrentados, es probable que nos demos cuenta de que de ésta solo salimos si estamos unidos/as.
Por eso solicitamos la solidaridad del pueblo andaluz, para exigir a las instituciones una solución inmediata para alojar a estas 400 personas, que muestren empatía y dejen de mirar para otro lado, que dejen de hacerse fotos de cara a la galería y que ejerzan sus competencias para proteger los derechos humanos que nos asisten a todos, garantizando el alojamiento a las víctimas del incendio.
Pero también exigimos que las administraciones escuchen de una vez por todas a las entidades que trabajan con los trabajadores y trabajadoras migrantes, y pongan en marcha los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda, eliminando las trabas administrativas y ejerciendo como elemento mediador en los procesos de alquiler.
