Con el citado Plan, que fue fruto del consenso entre las distintas partes, se pretendía poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos del Parque Nacional, así como el cierre de los pozos ilegales, alcanzando un equilibrio entre la actividad económica y la conservación del entorno natural.
Pero con esta iniciativa, en pleno año electoral, la derecha política pretende amnistiar a quienes se saltaron ese consenso y se han enriquecido ilegalmente durante años, a costa de una reserva de la biosfera que es patrimonio de la humanidad.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya se ha pronunciado al respecto, señalando que los acuíferos no pueden soportar más extracciones de agua sin poner en grave riesgo el entorno natural, más aún en plena sequía y con los embalses al 28% de su capacidad.
Por tanto, en caso de prosperar esta iniciativa, habrá menos agua para repartir entre más explotaciones agrícolas, poniendo en grave riesgo las existentes y la economía de la zona, avocando al Parque Nacional a su desaparición.
Este no es un conflicto entre agricultores y ecologistas, sino entre quienes tienen el sentido común para entender que toda actividad tiene un límite (el del bienestar y el interés de la mayoría) y quienes quieren seguir enriqueciéndose a toda costa.
Los hombres y mujeres del PCA hemos estado en la defensa de los intereses mayoritarios, nos hemos movilizado por la conservación de un entorno, como es el Parque Nacional de Doñana, del que dependen los habitantes de muchos municipios, y volveremos a estarlo, junto a toda persona y organización dispuesta a defender Doñana.
