El PP andaluz ningunea al Consejo de Participación de Doñana
El Grupo Popular ha hecho pública una proposición de ley el pasado 21 de diciembre a presentar en el Parlamento andaluz que beneficiará a la agricultura ilegal y fomentará el regadío intensivo, en detrimento de la agricultura legal, la economía sostenible, la conservación del Espacio Natural de Doñana y la calidad del acuífero Almonte-Marisma, y busca ya cómplices para que salga adelante.
No es casual que la ley que propone el PP andaluz aclare de forma
explícita que los propietarios que pretende legalizar de un plumazo tendrán que
solicitar después los correspondientes permisos de extracción de agua para toda
la superficie de regadío a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del
Ministerio de Transición Ecológica o proveniente de las aguas internacionales
de la cuenca del Guadiana, trasladando así el problema de la falta de agua en
Doñana a otra administración.
Ecologistas
en Acción solicitará que la proposición de ley del PP andaluz sea debatida
en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana antes de continuar
el trámite, conforme a la norma sobre sus funciones y su reglamento, iniciará
las acciones legales oportunas y denunciará la grave irresponsabilidad que se
pretende llevar a cabo a sabiendas y sus consecuencias, ante la sociedad y ante
todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio
Natural de Doñana.
Toda España sabe ya que Doñana es
rehén de la agricultura. El agua del acuífero Almonte-Marisma está ya
hipotecada por los cultivos de regadío intensivo. A pesar de que desde 2014,
con el consensuado Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío al Norte de
la Corona Forestal de Doñana o Plan de la fresa, se impulsó por las
administraciones el cumplimiento estricto de la legislación vigente y los
procedimientos para el cierre de pozos ilegales, actualmente aún hay unas 1.600
hectáreas de cultivo de regadío ilegal en Doñana.
Los delitos han sido continuos:
desde la entrada en vigor del Plan de la fresa en 2014 no se debía volver a
transformar ni una hectárea ni abrir un pozo, pero según las
informaciones vertidas en los plenos del Consejo de Participación, ha habido
151 expedientes sancionadores en materia forestal: 83 en Lucena del
Puerto, 50 en Moguer, 11 en Bonares, 5
en Rociana y Almonte no ha tenido ninguno; en materia de
aguas ha habido 43 expedientes sancionadores y 2 en materia
urbanística; se han clausurado 420 pozos ilegales y han sido dictadas
varias sentencias judiciales condenatorias. Toda España sabe ya que Doñana es
rehén de la agricultura. El agua del acuífero Almonte-Marisma está ya
hipotecada por los cultivos de regadío intensivo. A pesar de que desde 2014,
con el consensuado Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío al Norte de
la Corona Forestal de Doñana o Plan de la fresa, se impulsó por las
administraciones el cumplimiento estricto de la legislación vigente y los
procedimientos para el cierre de pozos ilegales, actualmente aún hay unas 1.600
hectáreas de cultivo de regadío ilegal en Doñana.
Son fincas transformadas a agrícola
que detraen agua sin autorización del acuífero Almonte-Marisma, que fue
declarado sobreexplotado en julio del año 2020 por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Se trata de robo de agua en toda regla, recogido
en artículos del Código Penal como el 247, el 255 e incluso el 325. Es un
delito penal que atañe a toda la sociedad, no solo la andaluza, ya que incluso
el Tribunal de Justicia de Europa falló en junio de 2021 que el Reino de España
está incumpliendo el Derecho Comunitario, en particular, la Directiva Marco de
Agua y la Directiva Hábitats.
Por ello, Ecologistas en Acción
considera que el Gobierno andaluz debería centrarse en acometer las actuaciones
necesarias para recuperar el gran humedal que fue Doñana restaurando sus
sistemas hídricos, que le fueron amputados: una irresponsabilidad histórica que
ahora estamos pagando; y favorecer así a los agricultores que cumplen la
legalidad desde el inicio, aquellos que verdaderamente respetan y conservan
Doñana mientras ejercen su actividad económica.
Los
culpables ahora van a ser las víctimas
Doñana está siendo utilizada para
satisfacer a las patronales agrarias por el PP andaluz. Con mucha antelación a
unas elecciones anunciadas para este año 2022 y mediante esta proposición de
ley pretenden convertir en víctimas así, a golpe de norma, a los responsables
de la situación deplorable del acuífero Almonte-Marisma y de los ecosistemas
forestales de Doñana, los que ponen en riesgo los valores excepcionales de este
espacio protegido de renombre internacional, pues no habrá agua para que puedan
regar todas sus fincas legalizadas.
Según la proposición de ley, los
agricultores piden un trasvase de aguas superficiales de otras cuencas para
poder regar más, y lo justifica como “derechos históricos y una actividad
tradicional”. Sin embargo, ni son derechos adquiridos ni es agricultura
tradicional.
Pero, lo cierto es que, respecto a
los derechos históricos, los que lo eran fueron consolidados a través de la
aprobación en 2003, con el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de
Doñana (POTAD). Además, Doñana era un humedal sin aprovechamiento relacionado
con el agua hasta 1971, es decir, que la agricultura de regadío, no es una
actividad tradicional. Ese año se declaró de interés nacional la colonización
de zona regable del Plan Almonte Marismas con una superficie inicial de 45.960
hectáreas de las que 24.500 se podían transformar en regadío, si bien en 1988
se revisa el plan general de transformación para adaptarlo a la conservación
del equilibrio biológico de los valiosos ecosistemas del Parque Nacional de
Doñana, quedando en 14.000 las hectáreas que podían transformarse en regadío,
repartidas entre las provincias de Huelva y Sevilla.
Para compatibilizar la agricultura
con la conservación en Doñana es necesaria una verdadera revolución verde que
lleve a cabo una ordenación y limitación de la expansión de los regadíos. Es
una falacia que Doñana sea la despensa de frutas y verduras de Europa,
porque serlo no sería compatible con su conservación, ni compatible
con otras actividades económicas que comparte el espacio natural. Y el mercado
europeo valora el producto porque es de Doñana, porque lo cree sostenible, sano
y respetuoso con los recursos.
Amenaza
para la integridad del estado de conservación de Doñana
El robo de agua es un delito penal y
promover el incremento de superficie de regadío en Doñana y con ella las
solicitudes de agua de riego que van a llegar a la administración de cuenca va
en contra de todo criterio científico y de sostenibilidad. Organismos
internacionales del más alto nivel corroboran año tras año la necesidad de
poner límite a los regadíos y las extracciones de agua.
Así, el Convenio de Ramsar (relativo
a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) evalúan periódicamente el estado de conservación y los valores
excepcionales de Doñana y realizan un informe con las recomendaciones que
consideran indispensables para mantener el alto estatus de protección y
reconocimiento internacional del espacio protegido, gracias al cual, el
Gobierno autonómico tiene acceso a importantes cuantías de diversos fondos
europeos.
Desde 2011, en todos sus informes,
el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, solicita al Estado español que
asegure la implementación del Plan Especial de Gestión de la zona de regadío,
localizada en el norte de la Corona Forestal de Doñana, sin que se diluyeran
los objetivos esenciales acerca de la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.
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La Revolución verde del presidente de la Junta de Andalucía da la espalda a Doñana
En el alegato por su “Revolución verde” durante el Acto del 50 Aniversario de Doñana en octubre de 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del Grupo Popular andaluz, afirmaba que “sabremos estar a la altura de los retos futuros y redoblaremos los esfuerzos para su conservación” y llamaba a la participación social.
Sin embargo, la ley que propone el
PP andaluz consiste en dar amnistía y legalizar las fincas agrícolas que
detraen agua sin autorización desde hace años, así como anima a propietarios
con fincas forestales que fueron antaño agrícolas, que reviertan su uso, todo
ello, reconociendo que, en todos los casos, será necesario solicitar los
permisos de extracción de agua para toda esa superficie de regadío a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que declaró el acuífero
sobreexplotado en 2020 y es imposible que pueda conceder toda ese agua para
regar. Es evidente que, de aprobarse esta proposición de ley, el Gobierno
andaluz habrá trasladado el problema de la expansión incontrolada al Gobierno
central en un momento tan delicado como los meses previos a unas elecciones
autonómicas.
Además, el día 15 de diciembre tuvo
lugar un Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, seis
días antes de que se hiciera pública la proposición de ley. Ello demuestra la
falta de interés por la participación de este grupo político, y el
incumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de este órgano
colegiado, donde ya, en el Pleno ordinario de 2019, tras el cierre de 420 pozos
ilegales se puso sobre la mesa la posibilidad de modificación del llamado Plan
de la fresa. El presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes,
aclaraba entonces que “si hubiera una idea de modificar el plan especial de la
fresa, debería de volver a debatirse en este Consejo de Participación” y añadía
que este órgano colegiado debe informar toda actuación en relación al espacio
protegido, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana, si
bien sus informes son preceptivos y no vinculantes.
Por ello, Ecologistas en Acción
solicitará que la proposición de ley del PP andaluz, en caso de ser presentada,
sea debatida previamente en el Consejo de Participación del Espacio Natural de
Doñana, conforme a la norma sobre sus funciones y su reglamento, antes de
continuar con el trámite que está siguiendo.
Con la cosas así, es evidente que la
proposición de ley del Grupo Popular andaluz sería una nueva irresponsabilidad
histórica y un señuelo para los agricultores, pues, utilizando el poder
legislativo, legalizaría la situación de desmadre actual del regadío en Doñana
de 1600 hectáreas que se están regando sin calificar como agrícola de riego
provocando que numerosos propietarios tengan que solicitar permisos de riego a
la Administración del Estado que son imposibles por la situación de
sobreexplotación del acuífero y el alto coste del trasvase de otras cuencas, de
cien millones de euros (100.000.000€), con todos los ojos de los organismos
internacionales que velan por Doñana y su conservación puestos en la gestión de
este espacio natural y particularmente en su agua, siendo previsible la estimulación
de un clima social de tensión y conflictividad social, todo ello en el marco de
un año electoral en Andalucía.
Por ello, Ecologistas en Acción
denunciará la nueva situación de amenaza que se está creando ante la Comisión
Europea y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad
del Espacio Natural de Doñana e iniciará las acciones legales oportunas. La
organización insiste en la necesidad de que la sociedad en su conjunto reciba
información sin sesgos y tenga participación, así como en la urgencia de
blindar Doñana frente a las amenazas que constantemente surgen en respuesta a
intereses económicos y políticos que poco o nada tienen que ver con la
conservación de Doñana.
