Reproducimos el texto íntegro del escrito al
que ha tenido acceso Mazagón Beach:
A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Inmaculada Nieto Castro, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, por medio del presente dirige a la Presidencia de la Junta de Andalucía la siguiente solicitud:
Estimado Presidente,
La tramitación de la proposición de ley de PP,
Vox y C's relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del
Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer y Rociana del Condado, ha generado controversia desde su
registro, poniendo en evidencia la repercusión nacional e internacional que
tiene cualquier asunto relacionado con el Espacio Natural de Doñana.
Las modificaciones legislativas propuestas por estos grupos generaban la expectativa de la ampliación de hectáreas de regadío en la referida zona, legalizando el riego en más de 1500 hectáreas. Este cambio no es menor, y tiene unas repercusiones consideradas graves y relevantes que han sido señaladas por diferentes instituciones concernidas por las precarias condiciones de conservación de Doñana y su delicado equilibrio.
Cabe recordar que el TJUE emitió una sentencia el pasado año, aún pendiente de ejecución, en la que concluía que las extracciones excesivas de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats. Lejos de cumplir con los requerimientos judiciales, los regadíos ilegales han aumentado en la última década, se ha incrementado la agricultura intensiva al norte del Parque y la cantidad y calidad de agua del acuífero son más que preocupantes.
La intención de aumentar la superficie de riego llega además en mitad de una severa sequía. La escasez de lluvias y la falta de agua superficial han provocado que la marisma norte de Doñana esté prácticamente seca, y que las lagunas peridunares hayan perdido superficie de manera constante, aumentando su temporalidad.
En este contexto, el solo anuncio de los cambios pretendidos, aun sin haberse materializado, han provocado graves reacciones. La Comisión Europea ha alertado de las sanciones económicas a las que se enfrentará España si no garantiza la preservación del Parque, algo que resultaría imposible de aplicarse los cambios legislativos pretendidos. En este sentido, el propio ejecutivo andaluz ha avanzado que el Estado podrá interponer recurso de inconstitucionalidad tan pronto se apruebe la proposición de ley, admitiendo los problemas legales que acarrea la pretendida reforma.
Siendo muy graves los problemas medioambientales y de muy dudosa legalidad la proposición en sí misma, los problemas económicos derivados de la misma también son tangibles. Las explotaciones agrarias legalmente establecidas en la zona afectada se ven salpicadas por las dudas sobre la trazabilidad de su producción a consecuencia de la posible ampliación de zona regable a costa de la viabilidad de Doñana. Varias cadenas de supermercados europeas han anunciado que dejarán de comprar fresas si no se producen de manera sostenible, algo que tendría repercusiones negativas en el conjunto de las explotaciones agrarias onubenses y que tendría su traducción en pérdidas de empleo y prestigio inasumibles.
La relevancia de Doñana es ineludible, como lo son los compromisos adquiridos por España y el conjunto de las administraciones implicadas en su conservación ante organismos internacionales como la UNESCO o la Unión Europea. En otras circunstancias, bastaría esperar los pronunciamientos judiciales para paralizar la aplicación de los cambios legislativos una vez aprobados. Es sobradamente conocida la posición de Unidas Podemos en este asunto, pero las connotaciones que entraña deberían mover a la reflexión al conjunto de la Cámara. La inminencia de las sanciones, las pérdidas económicas para el sector, la creciente crispación social desatada por esta iniciativa legislativa y el riesgo cierto de poner a Doñana en un punto sin retorno, aconsejan un ejercicio de responsabilidad por parte del Parlamento de Andalucía.
Este ejercicio de responsabilidad debería conllevar la paralización inmediata de las acumuladas situaciones de estrés que hemos descrito: el temerario estrés hídrico de Doñana alertado por todos los diagnósticos realizados desde la ciencia, el estrés social que provoca una medida tan controvertida, el estrés hacia el prestigio reputacional de la hasta ahora pujante actividad económica vinculada a los frutos rojos y el estrés a la seguridad jurídica que conllevaría la aprobación de una norma que no tendría efectividad alguna.
A mayor abundamiento, usted, en la rueda de prensa institucional celebrada tras el Consejo de Gobierno celebrado el martes 22 de marzo, hizo varias afirmaciones que invitan a ello. Por un lado, y en contra de lo hasta ahora había mantenido el Consejo de Gobierno, tratando de residenciar en los Grupos Parlamentarios la responsabilidad de haber impulsado la tramitación de la Proposición de Ley, usted indicó que “los gobiernos están para gobernar, y gobernar es tomar decisiones, como las que yo he tomado en Doñana, aunque a los ciudadanos no le haya gustado”. Además, señaló que “no sabemos lo que va a salir de ese Proyecto de Ley (sic)”, “que nadie se anticipe”, obviando que las enmiendas en la tramitación legislativa han de mantener legalmente coherencia con el texto tramitado, por lo que el margen de modificación en la tramitación no puede hacer irreconocible la propuesta tramitada. Para cerrar el panorama y muy al contrario de las expectativas generadas, que probablemente generen malestar en los originarios destinatarios de la propuesta de norma, usted concluyó que “es categóricamente falso que se amnistíe a los regadíos ilegales”.
Por todo lo expuesto, y en razón a que usted ha asumido recientemente en declaraciones públicas que la proposición de ley ha sido promovida por el Gobierno que preside, tome la iniciativa así mismo para que la tramitación de la proposición de ley decaiga, evitando la aprobación de una Ponencia sobre la Proposición de Ley de mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), y en consecuencia, concluya su recorrido parlamentario.
Parlamento de Andalucía, a 30 de marzo de 2022
Portavoz G.P. Unidas Podemos por Andalucía
