La
organización pone en conocimiento de Maeztu que la administración andaluza
impide que los onubenses presenten alegaciones contra la autorización ambiental
del proyecto de Fertiberia
Balsas de fosfoyesos/
Archivo Mesa de la RíaHace varios meses que Mesa
de la Ría denunció públicamente que la Delegación de Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía devolvía los escritos que los ciudadanos presentaron.
Eran alegaciones contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto
de Fertiberia para los fosfosyesos, y la administración andaluza les instó a
que demostraran que eran parte interesada en el procedimiento.
En ese mismo momento, Mesa
de la Ría puso a disposición de los afectados un escrito que justificaba la
consideración de interesados a los ciudadanos que alegaron contra el proyecto,
un trámite que fue rechazado de nuevo por la Junta de Andalucía
Así, la organización ha
considerado oportuno que el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, conozca
la situación y pueda intervenir en el conflicto, porque, para Mesa de la Ría,
la Junta de Andalucía está “torciendo la Ley” con el objetivo de “justificar lo
injustificable”, es decir, negar que se produzca la necesaria participación
ciudadana en un procedimiento que afecta directamente a los derechos
fundamentales protegidos en la Constitución como son los del derecho al
disfrute de un medio ambiente adecuado a la protección de la salud, ya que se
está sometiendo a evaluación ambiental un proyecto que afecta al mayor
vertedero de residuos industriales de nuestro país, que ocupa una superficie de
1.200 hectáreas, en las que se han vertido más de cien millones de toneladas de
fosfoyesos, además de residuos industriales de todo tipo, con lo que resulta
más que evidente su afección al medio ambiente y a la salud de la población.
El portavoz de Mesa de la
Ría, Rafael Gavilán, ha asegurado que “todo esto coincide con la subvención de
2,3 millones de euros otorgada a la empresa Fertiberia, por lo que demuestra
que a la Junta de Andalucía no le interesa la participación ciudadana y que la
cacareada “revolución verde” anunciada por el presidente de la Junta no es más
que la sumisión a los intereses de las empresas que contaminan la vida de los
ciudadanos de Huelva”.
Mesa de la Ría continuará denunciando este trato a los ciudadanos en todos los órganos internacionales con competencias en la toma de decisiones sobre la descontaminación de la marisma de Huelva.
