Mazagón, 5 de mayo de 2023
El pasado miércoles día 3 a las 19h, representantes de la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Mujeres 24 Horas, Jornaleras en Lucha y La Mar de Onuba nos presentamos en la puerta del antiguo hotel Don Diego donde se encuentran las trabajadoras heridas en el grave accidente que tuvo lugar el 1 de mayo. Nuestra visita tenía como objetivo mostrar nuestra solidaridad, en un momento de angustia infinita, por la muerte de una compañera y de otras tres gravemente heridas, hospitalizadas hasta la fecha.
Alertado por nuestra presencia, el guarda de la empresa Surexport cerró la verja con una cadena y un candado para que no pudiésemos entrar. Tanto al guarda como a la encargada le explicamos el motivo de nuestra visita, a lo que respondieron que no podíamos pasar porque era una propiedad privada. Ante nuestra protesta por el cierre de la verja, argumentando que las trabajadoras no podían estar encerradas, el guarda de la empresa quitó el candado y puso un cartel de “prohibido el paso”.
No podemos entender que unas trabajadoras heridas y angustiadas se encuentren aisladas del mundo exterior. Como tampoco podemos entender que la empresa SUREXPORT prohíba la entrada a personas y asociaciones que deseen saber de primera mano las necesidades de las trabajadoras. En las redes sociales, Fátima Ezzohayry Eddriouch, miembro de la asociación AMIA denunciaba hace dos días, en un vídeo, que se personó en las mismas instalaciones atendiendo la llamada de algunas mujeres y tampoco la dejaron entrar. Entendemos que el contrato en origen no quiere decir que las trabajadoras sean “propiedad” de la empresa.
Ante esta situación inaudita nos surgen muchas preguntas sin respuesta. En primer lugar, nos gustaría saber, a ciencia cierta, si las familias de las jornaleras heridas graves saben que la Subdelegación del gobierno en Huelva ha prometido un visado para poder viajar a España en el caso que lo deseen. Hablamos de familias del Marruecos agrícola, extremadamente vulnerables, y con escasos recursos económicos, que, probablemente, nunca hayan salido de su pueblo y que, por tanto, necesitan mucha ayuda para los trámites y, como no, apoyo para mantenerse el tiempo que permanezcan en España.
En este caso nos preguntamos si la empresa y las administraciones públicas temen que nos enteremos, en contacto con las mujeres, que ni han sido suficientemente informadas, ni les hayan prestado el soporte que necesitan. ¿Por qué después de 4 días del accidente ni una sola familia de las afectadas se encuentra en Huelva cuando se ha prometido visados desde esta administración? Y hacemos hincapié en este punto porque la presencia de los familiares es un apoyo psicológico imprescindible tanto para las afectadas como para las mismas familias.
La opacidad da lugar a muchas dudas. ¿Quién o quienes están asesorando a las trabajadoras afectadas de sus derechos ante un accidente laboral de graves consecuencias?, ¿conoce la familia de la fallecida los derechos que la ampara?, ¿va a tener la empresa aislada a las mujeres hasta que vuelvan a Marruecos? Experiencias anteriores de otras jornaleras como el caso de Fátima y Smahia nos demuestra que tanto las empresas como las administraciones públicas pusieron freno a los derechos que las asistían cuando enfermaron de gravedad.
Por ello, exigimos que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto y dejen de proteger a unas empresas que ganan millones de euros a costa de las jornaleras. Estas trabajadoras tienen derecho a ser asesoradas por personal cualificado, ajeno a los intereses de la empresa Surexport, para poner en marcha los trámites necesarios según las leyes laborales que amparan sus derechos.
Por otra parte, la asociación La Carpa de Sevilla ha registrado en el día de hoy una Queja/reclamación ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por los mismos motivos.
