Marcos Toti y Mónica Rossi plantean “mejoras sustanciales” ante la “deplorable gestión” de la Junta de Andalucía con la Ley de Dependencia
Mónica Rossi y Marcos Toti en Diputación
24 de octubre 2024
La Izquierda de Huelva, a través de su diputado provincial Marcos Toti y la concejala de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva Mónica Rossi, han presentado de manera conjunta sendas iniciativas a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Huelva para exigir “mejoras sustanciales” en la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía, iniciativas que se trasladarán también en el resto de agrupaciones municipales de la provincia.
En este sentido Toti ha lamentado que la provincia de Huelva cuenta con solo 5 residencias públicas que ofrecen un total de 287 plazas, lo que la convierte en la provincia con menor oferta pública como se ve en el siguiente cuadro donde resalta que Jaén, con una población similar a la de Huelva, cuenta con 28 residencias públicas que ofertan 1.603 plazas.
La Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65, nuestra provincia tendría que tener, en este sentido, un total de 3.995 plazas y tiene 2.379 por lo que le faltan 1.616 para respetar las recomendaciones de la OMS.
Ambas iniciativas subrayan la necesidad de reducir drásticamente las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de quienes prestan servicios de atención a personas dependientes, entre otras medidas fundamentales.
Marcos Toti, portavoz del grupo de Izquierda Unida Verdes Equo Podemos Iniciativa, llevará al pleno de la Diputación Provincial de Huelva una moción en la que se exponen las debilidades estructurales del sistema de dependencia. El diputado ha destacado que, a pesar de los avances presupuestarios de los últimos años por parte del Gobierno Nacional, Andalucía sigue incumpliendo los objetivos estatales, con más de 40.000 personas en lista de espera para recibir su prestación por dependencia, de las cuales 5.304 han fallecido antes de poder acceder a los servicios.
Por su parte, Mónica Rossi, portavoz en el Ayuntamiento de Huelva, presentará un dictamen para ser debatido en el próximo pleno, donde se recalca la importancia de reforzar las políticas de cuidados en el ámbito municipal. La concejala ha señalado que, en Huelva, la media para acceder a las prestaciones reconocidas en la ley es de 603 días, muy por encima del plazo legal de 180 días, lo que ha provocado que muchas familias no puedan ejercer su derecho a cuidados esenciales.
Entre las propuestas clave se encuentra la de instar a la Junta de Andalucía a aumentar el precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio a 20 euros, garantizando que esta subida repercuta directamente en las trabajadoras que prestan el servicio. Igualmente, se solicita incrementar la plantilla de personal para realizar valoraciones y facilitar el acceso a las personas dependientes de grado I a la totalidad de horas que establece la ley.
Ambos representantes de La Izquierda han coincidido en señalar que el sistema actual es insostenible y necesita una reforma urgente para asegurar que las personas más vulnerables reciban los cuidados necesarios. Desde La Izquierda de Huelva, se comprometen a seguir trabajando en todas las instituciones para que la Ley de Dependencia sea una realidad efectiva y no un derecho inalcanzable para tantas personas.
Concentración el sábado
Rossi ha mostrado el apoyo de la organización a la movilización convocada por Comisiones Obreras (CCOO) para el próximo sábado 26 de octubre a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de llamar la atención de la Junta de Andalucía sobre el “deplorable” estado de las prestaciones por la Dependencia en la provincia de Huelva.
Según los datos recabados por el sindicato, en Huelva existen actualmente 30.000 personas dependientes que acaban de iniciar el proceso de la solicitud y que están esperando la Ley de Dependencia. También hay más de 1.000 personas que están a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA). Del mismo modo hay 13.000 personas en la provincia que tienen reconocida la resolución y que están esperando que se lleve a cabo el derecho que la Junta de Andalucía le ha reconocido.
